Frases vacías: “La construcción de espacios de diálogo”

18/07/2019

Por Karen López Tello

El Estado representa la organización política de una población la cual se ciñe a reglas de convivencia y oportunidades que posibilitan el desarrollo del individuo y la sociedad. De tal modo que podríamos considerar que la finalidad central del Estado es de lograr condiciones adecuadas de vida y bienestar para la población.

El Estado debe garantizar la defensa de la persona humana y su dignidad [1] por lo que tiene como elementos constitutivos el poder que se ejerce a través de una forma de gobierno. Ejerce el monopolio legítimo de la violencia [2] para garantizar su soberanía y el ejercicio de la misma, mediante la ley.

Asimismo, la función de un Estado es regir la vida pública a través de instituciones que rigen el poder público mediante 3 poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).

Las funciones ejecutivas del Estado corresponden al Poder Ejecutivo que tiene como objetivo el diseño, formulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas a cargo de una burocracia que, en buena cuenta, cumple con la función de gestionar lo público.

En la Política General del Gobierno al 2021 [3]  encontramos como uno de los lineamientos prioritaritos del gobierno el “Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad” que tiene como componentes el 1.-Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia”. Y 2.- Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.

Esta política que orienta las acciones del sector público a nivel nacional, señala también que “cada sector es responsable de definir los indicadores clave de desempeño que sean relevantes para medir el avance en los lineamientos prioritarios al 2021 antes indicados”.

¿Existe algún indicador clave y concreto en cuanto a la conflictividad social?

A partir del conflicto social por el proyecto Tía María, y los demás conflictos sociales en ebullición, vale la pena revisar estos lineamientos prioritarios, llenarlos de contenido real con medidas concretas e implementarlas sin titubear.

El gobierno comenta sobre la relevancia de “construir un espacio para dialogar” [4] y en paralelo las autoridades regionales y líderes locales desafían al gobierno cuestionando su liderazgo como promotor de consensos políticos y sociales.

Se ha comentado ampliamente sobre la necesidad de una minería responsable que respete el medio ambiente y los derechos de los pobladores, pero es fundamental también revisar los procesos al interior del gobierno central, para lograr cambios sostenibles en el tiempo.

¿Se ha percatado usted que cuando se habla de conflictos sociales las cifras de la Defensoría del Pueblo y de la Presidencia del Consejo de Ministros (órgano que lidera y maneja la mayoría de conflictos sociales) no han venido coincidiendo en el tiempo?

¿No deberían acaso basarse en la misma definición y clasificación de lo que se denomina un conflicto social para dar una respuesta el Estado en su conjunto, para afrontar este problema público?

¿Se imagina lo difícil que podría ser identificar el número real de afectados y fallecidos a causa de un conflicto social? Probablemente no tengamos una idea clara de cuántos son. ¿No deberían contar con una misma fuente el INEI, la PNP y el MP?

Acaso la tipología y el seguimiento a los acuerdos que provienen precisamente de estos “espacios de diálogo” ¿no deberían ser sistematizados por un ente rector al que no se le quite autonomía por un alto funcionario de turno o por funcionarios enquistados en las direcciones estratégicas de algunos ministerios para dominar o liderar el manejo de los conflictos sociales en la sombra?

Pueden parecer quizás preguntas muy densas pero que podrían llevarnos a algunas reflexiones clave que contribuyan a un cambio institucional.

Uno de los filósofos políticos actuales que puede ayudarnos a reflexionar sobre la relación entre el Estado y la ciudanía es Jürgen Habermas. Su propuesta recibe el nombre de política deliberativa y parte del supuesto de que todos somos participantes válidos en el proceso dialógico en donde los acuerdos son producto del entendimiento mutuo entre los interesados.

Así, por ejemplo, nuestras expresiones en el diálogo deben ser sensatas, comprensibles, no intimidantes, no amenazantes y admisibles como válidas por todos los que participan en el diálogo.

Uno de los aspectos en los que consiste su propuesta política es que la esencia de la política debería ser la comunicación de los ciudadanos a través de la persuasión argumentativa. De este modo la democracia deliberativa que propone, es una construcción diseñada por todos los actores/ grupos sociales que participen.

Es igual de importante que estos acuerdos sean respetados por todos los involucrados y que el Estado garantice la protección y el cumplimiento de los mismos. Algunas propuestas:

1. Revisar cómo se llevan a cabo estos procesos de deliberación. Los acuerdos de lo que se denominan mesas de diálogo.  ¿Cuál es su impacto real en la vida de los ciudadanos? ¿Existe un real trabajo de prevención? ¿O solo puede en la práctica “apagar incendios” dado que no cuenta con el suficiente apoyo político e institucional?

2. Garantizar la permanencia de los acuerdos a partir de la transparencia de los acuerdos que se firman en estas mesas de diálogo (gobierno abierto). Si dependemos de las personas y no de las instituciones (herramientas, mecanismos, sistemas integrados) la información no se puede garantizar.

3. Fortalecer un solo ente rector en el Poder Ejecutivo que trabaje en conjunto con otras entidades del Estado: Despacho Presidencial y PCM (para garantizar respaldo político) pero que a este no se superpongan otros ministerios. Que coordinen, sí. Pero se necesita un solo liderazgo.

Una sola entidad que se haga único real responsable y que comparta en línea, con las entidades involucradas en el manejo o en la disminución de la conflictividad social (Defensoría del Pueblo, la PNP, el Ministerio Público, el INEI), los acuerdos en línea.

¿Es realmente la Secretaría de Gestión Social y Diálogo del Viceministerio de Gobernanza Territorial de la PCM la llamada a ello?  de ser así, ¿Por qué no lidera los conflictos sociales más trascendentales para el país y si lo hacen otros ministerios? Si como Estado no podemos ni resguardar los acuerdos de nada nos valen los procesos de deliberación.

4. Otras: Conflictos sociales: enfoques y retos

¿Se imagina usted que podría pasar si no tomamos en serio el fortalecimiento de una política de diálogo y una necesaria articulación del Estado para afrontar este problema público?

Imagínese que cuando lleguemos al 2021, al llegar un nuevo gobierno con un nuevo grupo humano a trabajar en las mismas oficinas, esos acuerdos podrían: “reescribirse”, “reagruparse”, “recategorizarse”, “redireccionarse (a otro ministerio)” y una serie de modificaciones más dependiendo de los “principios” que se prioricen, y quizás no sean precisamente los principios de inclusión y equidad.

¿Se puede imaginar usted la cantidad de horas de trabajo en vano, la cantidad de mesas de diálogo inútiles, los viajes de ida-vuelta de autoridades regionales y locales que llegaron a Lima en búsqueda de soluciones, y la cantidad de dinero que gastaron los líderes de comunidades que con su propio presupuesto también llegaron a Lima buscando ser escuchados? Solo para que se haga una idea, el gobierno de Ollanta Humala no acabo con menos de 5000 acuerdos.

¿Acaso cree usted que hay alguna entidad realizando un seguimiento acuerdo por acuerdo resguardando lo que se firma en la PCM o en algún ministerio al que se le designa “a dedo” el manejo temporal de un conflicto social específico?

Se puede imaginar la cantidad de acuerdos desaparecidos y, por ende, ¿la cantidad de peruanos afectados? Empecemos por aquí.

No a las frases vacías. ¿Qué es la “construcción de espacios diálogo [5]”, qué son estos espacios de diálogo, y qué significa que el Estado solo tenga la capacidad de atender las demandas ciudadanas con la llegada de un bloqueo de carreteras y vidas en riesgo? ¿Y qué nos están diciendo los problemas con los Estudios de Impacto Ambiental? Las preguntas no acabaran, necesitamos actuar.

Todas las instituciones del Estado están llamadas en su conjunto a darle solución a la conflictividad social. El gobierno tiene el deber de liderar estas acciones e ir recobrando legitimidad. Finalmente, otra frase que el gobierno promociona es el “diálogo como una oportunidad para el desarrollo” pero más bien es el proyecto Tía María el que le da la oportunidad al gobierno para llenar de contenido la política de diálogo.

[1] Artículo 1. Constitución Política del Perú. (1993).

[2] M. Weber, Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva, 2ª. ed. (1964)

[3] Decreto Supremo que aprueba la Política General de Gobierno al 2021. DECRETO SUPREMO. Nº 056-2018-PCM

[4] Salvador del Solar, Presidente del Consejo de Ministros. Conferencia de Prensa 17.07.2019

[5] Salvador del Solar, Presidente del Consejo de Ministros. Conferencia de Prensa 17.07.2019