Ya está la plata, ahora la puesta en marcha
Reflexión en torno a políticas actuales para la erradicación de la violencia contra la mujer
25/11/2020
El posicionar la lucha de la violencia contra la mujer en la agenda pública ha sido uno de los principales logros de la presión y vigilancia ciudadana en políticas públicas de los últimos años. La alerta desde la sociedad civil empieza a prender con fuerza desde el 2014, cuando la OMS muestra con cifras que Perú ocupa el primer lugar en violaciones sexuales en la región. Los medios y la opinión pública contribuyeron desde ese entonces en mantener el tema en agenda, hasta que el Ejecutivo tomó el toro por las astas, y en un momentum sin precedentes, ubica al tema como prioridad política, y sobre todo presupuestal. Desde ese entonces, la seriedad con la que el Ejecutivo ha abordado el tema ha sido constante.
Sin embargo, con 690 millones de soles asignados del presupuesto público para el 2021[1] -que está por ser debatido y aprobado en estos días- y en esta fecha de conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer; vale la pena reflexionar brevemente sobre dos de los ejes de la respuesta Estatal frente al tema: (i) la articulación de la ruta de justicia, y (ii) la intervención bandera del sector competente.
El primer punto es neurálgico: muchos esfuerzos de prevención y atención terminan en saco roto cuando analizamos la trazabilidad de los casos de las víctimas. Esta trazabilidad inicia en una adecuada referenciación de las potenciales víctimas; en algunos casos, hacia el Sistema de Justicia peruano. La promesa del Sistema Nacional Especializado de Justicia aún nos mantiene a la expectativa de los siguientes pasos: por ejemplo, la aceleración de la emisión de las medidas de protección, cuyo plazo máximo de entrega debería bordear las 48 horas en casos de riesgo leve, y que sin embargo en nuestro país, plazos reales superan incluso un año. Esto, junto a la falta de notificación de la medida de protección a los agresores, problematiza aún más el acceso a justicia y la tranquilidad de quienes ya abatidas por la violencia con la que conviven, tienen que lidiar adicionalmente con un sistema al que le cuesta dar una respuesta articulada. La clave, evidentemente, requiere hilar más fino entre actores de los diversos poderes y pliegos del Estado, incluida la Presidencia del Consejo de Ministros, por competencia, con un rol al que todavía le queda pendiente cuajar.
La segunda reflexión va en torno a los Centros de Emergencia Mujer, como punto principal de atención a las víctimas, que requiere también de respuesta articulada multisectorial, particularmente con la cartera del Interior. Existen dos aristas un tanto polémicas, donde se podría decir que la oferta tiene que terminar de ordenarse. En primer lugar, cerrando la discusión pendiente de si resultaría efectiva una migración del modelo a CEM Comisaría, afinando sus procesos para concatenarlos a esta ruta de trazabilidad de la denuncia mencionado líneas arriba. A este debate se suma la delicada discusión de la calidad en la atención a la víctima, que también es finalmente un tema de ordenamiento de oferta, donde el sector debe buscar brindar físicamente los servicios en los distritos con mayor demanda de intenciones, despolitizando la apertura de nuevos CEM al orientar la oferta en función a la demanda real, sin perder de vista el mejor servicio a usuaria final.
Existen por supuesto otras iniciativas para poner sobre la mesa en el debate, (el futuro de la prevención escolar de violencia contra la mujer, las intervenciones preventivas del pliego competente, entre otros); sin embargo, estas dos políticas expuestas merecen ser miradas con lupa por su alcance en términos de urgencia en afinar mecanismos de implementación, y por su magnitud presupuestal. Un tema final y no menor, es el referido a la especialización del cuerpo policial para el tratamiento de las víctimas. De cara al reciente anuncio de una reforma policial, se espera un abordaje progresista e innovador, superando las tradicionales capacitaciones y talleres; y orientándose hacia un verdadero enfoque de respeto a la subjetividad de quien es víctima de violencia de cualquier índole, incluso y sobretodo, a las violencias menos visibles y no por eso menos desgarradoras.
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[1] 44% más que este año fiscal.