URGE UN CAMBIO DE ESTRATEGIA QUE PONGA POR DELANTE EL DERECHO A LA VIDA Anotaciones de un huancaíno y un limeño para gestionar una crisis política de larga data

 

Carlo Magno Salcedo & Arturo Granados, Propuesta País

Es muy doloroso el momento que vive nuestra patria.

Lamentamos y rechazamos las 46 muertes de población civil y un policía, además de cientos de heridos entre civiles y personal policial, ocurridas en las manifestaciones contra el Gobierno Nacional y el Congreso de la República. Es imperativa la investigación célere y la sanción a los responsables. Como en cualquier democracia, las responsabilidades políticas se deben identificar y asumir. La impunidad es enemiga de la democracia.

Rechazamos enérgicamente a los grupos extremistas que tienen por método y proyecto la violencia, el crimen y atentado a la propiedad pública y privada, la sujeción del derecho de las grandes mayorías a tener movilidad y paz para gestionar sus medios de vida y sobrevivencia. Ellos manchan las legítimas protestas sociales, son enemigos del pueblo peruano y de sus justas reivindicaciones.

Es fundamental investigar e informar a la población sobre la presencia nominal de grupos y organizaciones vinculadas al terrorismo y a las economías ilegales que han solventado las expresiones de violencia en las protestas, y que van logrando construir espacios de incidencia pública para sus ilícitas actividades.

Es necesario comprender mejor la naturaleza de la protesta social del sur del país más allá de la plataforma política que esta ha adoptado para replantear la estrategia de respuesta del Gobierno Nacional. Esta no puede ser, como hasta ahora se observa en los hechos, esencialmente policial-militar porque nuestra historia nos demuestra que los excesos y la violación de derechos humanos encuentra así su mejor caldo de cultivo. 47 muertes son una tragedia nacional y una demostración de una estrategia de respuesta errónea y a todas luces insuficiente para gestionar la crisis actual.

En el marco de las competencias constitucionales (Artículo 118), el liderazgo de la estrategia política y de gobierno tiene que ser civil y debe estar en manos de la presidenta de la República que asumió el cargo a través de una sucesión constitucional legítima.

La estrategia de diálogo debe comprender todas las regiones del sur y avanzar con grupos y organizaciones (sociales, gremiales, empresariales, de gobierno regional y local, iglesias, agrupaciones políticas regionales y nacionales, entre otras) dispuestas a buscar alternativas de solución política, incluyendo el debate de reforma de temas de fondo en la Constitución y de reforma del Estado que se puede avanzar en el marco constitucional vigente. Reconocer en este sentido, la fuerza reformista que tiene el hartazgo y la exclusión de millones de compatriotas que hoy se expresa en las calles. El gobierno debe asumir esa insatisfacción como propia, canalizarla y plantear el paquete de reformas necesarias que se deben concretar en el Congreso y en el ejecutivo.

Consideramos que es impostergable insistir en la realización de elecciones generales extraordinarias el 2023 (y no el 2024) para que las nuevas autoridades elegidas asuman funciones antes de acabar el año, conforme lo sustentó Propuesta País en el documento “Propuesta urgente para salir de la crisis política”, publicado el pasado 18 de diciembre de 2022, que incluía un cronograma electoral viable, según el cual:

a. La presidente de la república, actualmente en ejercicio de la presidencia por sucesión constitucional, debe concluir su mandato el 31 de diciembre de 2023 y los congresistas deben concluir su mandato el 29 de diciembre de 2023.

b. Las nuevas autoridades que se elijan deben completar el periodo gubernamental y parlamentario 2021-2026. Es decir, deben concluir sus mandatos en julio de 2026. La lógica es simple: con tiempos tan apretados las reformas serán mínimas y no garantizarán gran cambio en la representación. Es mejor darnos una segunda oportunidad para mayores cambios pensado en un nuevo ciclo 2026-2031.

c. Las elecciones generales extraordinarias de 2023 se deben realizar en dos jornadas electorales:

• • Las elecciones presidenciales el primer domingo de octubre de 2023; y
  • Las elecciones parlamentarias el cuarto domingo de noviembre de 2023 y, de ser el caso, en esta misma fecha se debe realizar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

d. Se debe aprobar también algunas disposiciones mínimas en materia electoral, que no impliquen cambios extensos y muy complejos que requieran vastos debates, pero que aseguren el marco jurídico necesario para forzar la mejora de la representación política, que se aplicarían en las elecciones generales extraordinarias de 2023 y deben estar referidas a las siguientes cuestiones: impedimentos para postular; adecuación de plazos electorales para facilitar la participación política; elecciones primarias con voto universal, libre, igual voluntario, directo y secreto de afiliados, organizadas por los organismos electorales (JNE, ONPE y RENIEC), con postulaciones individuales y no por listas; y paridad y alternancia de género; eliminación del voto preferencial; autorización a los organismos electorales para adecuar los plazos del proceso electoral.

Prolongar siete meses la transición política no vale una sola vida más, ni un herido más.

Lima, amables lectores, es un crisol de peruanidad, una metrópoli de migrantes de todos los rincones de la patria. Muchos de ellos, muchos de nosotros o de nuestros padres han construido la capital de la República, y en momentos duros de violencia, atentados y shocks económicos y sanitarios han llorado amargamente en las plazas, en las playas y en la soledad de sus habitaciones. Una pechada a los movilizados para que no “tomen” Lima es una falacia porque ya están acá hace décadas y es una invitación a la hoguera. Urge un cambio de estrategia que ponga por delante el derecho a la vida.