Recuperar la capacidad estatal para ser más libres
03/06/2020
Uno de los factores centrales que marcan las diferentes trayectorias de los países en su lucha contra el COVID-19 ha sido la capacidad estatal y en este campo el Perú arrancó con una enorme desventaja. Cuando hablo de “capacidad estatal” no me refiero al tamaño de la burocracia, aun cuando considero que ésta es más pequeña de lo que se piensa. Para entender el concepto podemos partir de dos de sus componentes: capacidades administrativas y políticas (Repetto, 2004).
Un Estado debe tener la capacidad de generar y procesar datos que sirvan para la toma de decisiones en base a evidencia y considerando los intereses en juego en la sociedad. El Estado no está al margen de estos intereses, por el contrario, expresa ciertas correlaciones de fuerzas, algunas más cristalizadas (permanentes) y otras más dinámicas y en constante disputa. No en vano, el Estado es, en su definición más simple, una forma de organización del poder político.
El Estado tiene una serie de obligaciones para con los ciudadanos y ciudadanas, debe proveer servicios, debe garantizar los derechos fundamentales de las personas, el orden público, etc. Para ello requiere contar con un cierto nivel de institucionalidad, capacidades técnicas y recursos. La capacidad estatal se enfrenta siempre al problema de la movilización de recursos, un dilema técnico y político: parafraseando a René Zavaleta, se trata de cómo obtener un óptimo social entre excedente y disponibilidad, es decir, cómo generas los recursos y en qué decides destinarlos.
¿Cuántos recursos puede movilizar el Estado peruano? La recaudación tributaria en relación al Producto Bruto Interno es una de las más bajas de toda América Latina. Se encuentra alrededor del 16%, mientras que el promedio de la OCDE es de 34,3% (OCDE et al, 2019). Solo con mirar estas cifras podemos tener una primera idea de nuestra (bajísima) capacidad estatal.
En una situación de emergencia, cobra relevancia la velocidad con la que el Estado puede intervenir en la sociedad. Habiendo pasado cerca de 90 días desde que se decretó la cuarentena, muchas familias aún no reciben un solo bono. El Presidente Vizcarra reconoció que existían dificultades en los padrones para otorgar los bonos, en parte porque el censo impulsado por PPK había sido un desastre. Esta situación de desprotección absoluta es la expresión de un Estado que se intentó desmantelar para favorecer interesada y dogmáticamente a determinados grupos de poder. ¿Qué capacidad puede tener un Estado si no cuenta con información mínima sobre sus ciudadanos y ciudadanas?
Si no entendemos que la reducción del Estado durante las décadas de neoliberalismo ha contribuido decididamente a la dramática situación en la que nos encontramos frente a la pandemia del COVID-19, no habremos aprendido nada. No se trata de estatismo vs. libre mercado, se trata de reconstruir la capacidad estatal de manera que los ciudadanos se encuentren protegidos y atendidos, solo así ejercerán su libertad, no la utópica de los llamados “libertarios”, sino aquella que permite a las personas ejercer derechos, así como desplegar y ampliar sus capacidades.
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Referencias:
OCDE et al. (2020). Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2020. OECD Publishing, Paris.
Repetto, F. (2004). Capacidad Estatal: requisito para el mejoramiento de la Política Social en América Latina. Serie de documentos de trabajo 1-52. INDES.
Zavaleta, R. (1986). Lo nacional-popular en Bolivia. Siglo XXI, México D.F.