Perú: El futuro inmediato y el destino nacional
09/09/2020
Los próximos meses serán críticos. Enfrentaremos la segunda mitad de la crisis sanitaria y, simultáneamente, los efectos de la crisis económica, que empezarán a ser sentidos en su verdadera magnitud por los nuevos desocupados, los vulnerables y la población informal.
Estos segmentos serán duramente afectados, salvo medidas complementarias, debido al descalce en tiempo y magnitud entre lo previsto en el programa de reactivación y la generación efectiva de empleo y/o ingresos.
Además, como sabemos, hay otros eventos que se producirán los siguientes nueve meses, en los que se gestará en gran parte el destino de nuestro país en el tercer centenario de su existencia republicana.
En efecto, las decisiones del Congreso sobre las reformas electorales, el desenlace de la inscripción de los candidatos presidenciales, y los resultados de la primera y eventual segunda vuelta, tendrán un impacto futuro de mayor alcance que el que tuvieron procesos electorales previos.
Y esto porque la resiliencia de nuestra economía y la relativamente pacífica convivencia social están al límite. Y en un escenario como ese, cinco años de un gobierno autoritario, anárquico, polarizado, corrupto o ineficaz, que no consolide la recuperación económica ni cierre significativamente las brechas sociales y de oportunidades, marcarían definitivamente el inicio de un largo periodo de postración y de pobreza.
El primer evento crítico está a la vista: Este mes termina el plazo para la aprobación de las reformas electorales. ¿Seremos capaces de dar un primer paso en la dirección correcta? El Congreso tiene la palabra.
¿Qué requerimos para lograr desarrollo económico sostenible y desarrollo social?
Como hemos comentado con detalle en un artículo previo [1], existen modelos de buen gobierno que han demostrado efectividad para generar desarrollo económico y social en determinados países y contextos.
Si aplicamos de manera integrada estos enfoques a nuestro país podemos decir que para lograr crecimiento sostenible y equitativo requerimos:
- Un propósito conjunto, en términos de Basadre, la nueva “promesa republicana” [2].
- Un Estado eficiente y orientado a resultados.
- Gobernabilidad y estabilidad político-social.
- Institucionalidad para promover la interacción económica y social.
Lo anterior es factible con una alternativa democrática medianamente competente y sensata en el Poder Ejecutivo, un Congreso responsable y un Poder Judicial con corrupción controlada y decisiones predecibles. Estas cosas son difíciles de lograr, pero eso no puede hacernos abandonar la batalla en un momento tan decisivo para el futuro.
Una coyuntura trascendental para la institucionalidad
En términos simples institucionalidad es “el respeto por las normas que regulan la interacción económica y social”. Por ello, la visión institucionalista del desarrollo sostiene que es la calidad y fortaleza de las instituciones económicas, es decir de los derechos de propiedad, los contratos y las normas que regulan la interacción económica-social, la que determina el desarrollo.
Sin embargo, las instituciones sociales (las organizaciones) también son importantes, porque de ellas depende la pertinencia y calidad de las instituciones económicas. En ellas emergen estas instituciones, y gracias a ellas se fortalecen o debilitan.
El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo son, qué duda cabe, fundamentales para la institucionalidad y la gobernabilidad y estos están asociados a los partidos políticos. Por tanto, una de las principales reformas institucionales pendientes es el fortalecimiento de los partidos políticos.
Si el Gobierno y el Congreso que elijamos en abril responden más a intereses y afán de protagonismo particulares y no a una visión de país orientada a promover el bien común desde el punto de vista de partidos políticos razonablemente cohesionados, el crecimiento sostenible, equitativo y en democracia que requerimos tendrá muy bajas probabilidades de producirse.
Entonces, las reformas electorales cuyo plazo de aprobación vence el 28 de setiembre (incluyendo la promulgación) tendrá gran impacto en el futuro inmediato y mediato del país. Sin embargo, la única reforma que parece tener cierta probabilidad de ser aprobada oportunamente es la de la exclusión de candidatos con sentencia de primera instancia. Esta es importante, pero no suficiente.
La eliminación del voto preferencial, que en las circunstancias actuales es la más relevante para el fortalecimiento de los partidos de cara al próximo proceso electoral, no parece tener un buen pronóstico.
Esta medida es controversial. Hemos tenido en el pasado dificultades diversas con el manejo de las listas por las cúpulas partidarias. Sin embargo, en tanto no estén en vigencia normas que obliguen a que los candidatos tengan un tiempo mínimo de permanencia en los partidos políticos antes de postular, es el menos malo de los esquemas. Inclusive podría optarse por un esquema mixto para asegurar un mínimo de visión colectiva e integración en cada bancada congresal.
Un reto para el Congreso
Las oportunidades y la calidad de vida que tendrán los millennials y centennials, la gran masa laboral de la primera mitad del siglo XXI, están entonces -en este momento- en manos de nuestro Congreso y de nuestros actuales partidos, los que deben aprobar las reformas y presentar opciones electorales responsables para las elecciones generales. Tienen una gran oportunidad de trascender…
Sin embargo, las decisiones volverán a nuestras manos y a las manos de los propios millennials y centennials, que representarán más del 30% de la masa electoral, en abril del 2021.
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[1] https://propuestapais.pe/noticia/necesitamos-reinventar-el-gobierno-para-adaptarlo-al-siglo-xxi/
[2] https://propuestapais.pe/noticia/la-nueva-realidad-y-la-siempre-incumplida-promesa-republicana/