Personas con discapacidad en el Perú: una mayoría silenciosa

14/01/2020

Por Erick Verano

En el Perú, según el Censo del 2017, existen 3´051,612 personas con algún tipo de discapacidad (PCD), lo que viene a representar el 10,4% del total de la población. Un porcentaje considerable que supera la cantidad de personas en situación de extrema pobreza (2,8 % [1]) pero que, a pesar de compartir una misma situación de vulnerabilidad, no recibe, por parte del Estado, la misma cantidad de recursos y esfuerzos para mejorar su situación.

Totalmente ausentes del debate electoral y muchas veces invisibilizados o silenciados en la agenda política, las personas con discapacidad y sus familias tienen que afrontar por si solas los problemas generados por una sociedad que les niega un acceso adecuado y justo a la educación, empleo y salud (por mencionar 3 derechos fundamentales e inalienables de toda persona).

No se puede negar que desde el Estado hubo esfuerzos (declarativos en su gran mayoría) por paliar esa situación, siendo así que en el 2006 se declaró al periodo del 2007 al 2016 como el Decenio de las Personas con Discapacidad. Con ese marco, 2 años después, se aprobó en el 2008 el Plan de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 2009 -2018 y en el 2012 se aprobó la Ley N° 29973, Ley General de las Personas con Discapacidad. Lo que demuestra, en apariencia al menos, la existencia de un mandato de políticas públicas y de mecanismos con un marco normativo con derechos para esta población. Pero tener un derecho no siempre significa poder ejercerlo o que se haga de una manera eficiente.

La falta de difusión, seguimiento y evaluación al impacto que han tenido la Ley N° 29973 y el Plan que finalizó en el 2018, no permiten contar con evidencias concretas ni con los insumos necesarios para el diseño de nuevas políticas públicas destinadas a la disminución de la exclusión de la población con discapacidad o al cierre de brechas en el acceso a la salud, empleo o educación. Esto unido al hecho que en el 2016 se pre publicó el Plan de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad 2016 – 2021, documento que en su momento fue el llamado a reemplazar al anterior Plan vigente hasta el 2018, y que finalmente quedo en solo una pre publicación sin contar al día de hoy con un plan para las PCD validado y aprobado. Estos 2 eventos revelan una falta de continuidad y el poco interés del tema en la agenda pública, lo que no es responsabilidad exclusiva de esta gestión, sino que es más bien la continua desidia e inercia de los diferentes gobiernos que poco o nada hicieron en políticas públicas.

Y si hablamos de los recursos destinados para la atención de esta problemática, el asunto no mejora mucho. El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) la entidad adscrita al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, cuya misión es garantizar y proteger los derechos humanos de las personas con discapacidad para su inclusión plena y efectiva en la sociedad, tuvo un presupuesto de 13.4 millones de soles en el 2019, lo que viene a representar el 0.007% del Presupuesto General de la Republica de ese año, lo que también se traduce en una inversión de aproximadamente 4.3 [2] soles al año por cada persona con discapacidad. Sobran los comentarios al respecto.

Siguiendo en el tema presupuestal se observa también que los gobiernos regionales y locales no cumplen con lo señalado en la Ley del Presupuesto del Sector Público [3] que establece la obligación de utilizar el 1% de su presupuesto para beneficiar a las personas con discapacidad, lo que debería canalizarse a través de las Oficinas Regionales de Atención a la Persona con Discapacidad (OREDIS) y las Oficinas Municipales de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPEDS) pero que en la práctica no se viene dando.

Y para no hablar solamente de estadísticas vayamos a las dificultades diarias que millones de peruanos encuentran para, por ejemplo, encontrar un trabajo que tenga los ajustes razonables que le permitan desarrollarse en igualdad de condiciones, y que las empresas además cumplan con la cuota de 3% de trabajadores con discapacidad (SUNAFIL, al igual que en el caso de McDonald´s, aquí también tiene algo que decir).

Y siguiendo con otros ejemplos, señalar las dificultades que muchos padres tienen para encontrar colegios públicos para sus hijos con discapacidad intelectual o los múltiples inconvenientes que los padres deben de pasar para encontrar una atención en centros de salud, ya sean del MINSA o de ESSALUD, para sus hijos con Trastorno del Espectro Autista (TEA), lo que termina obligándolos, siempre que esté al alcance de sus posibilidades económicas, a recurrir a los servicios privados de educación y salud. Lo que es privativo para miles de familias en situación de pobreza, empeorando la situación si esto pasa en regiones del interior del país.

Helen Keller decía: una vida feliz no consiste en la ausencia, sino en el dominio de las dificultades. Las personas con discapacidad tienen derecho a una vida feliz y plena, ellos y sus familias ponen todo de su parte para adaptar sus particulares condiciones a una sociedad que muchas veces no los toma en cuenta y por ello el Estado tiene la obligación de, mínimamente, garantizar un adecuado acceso a la educación, la salud y el empleo para todas las personas con discapacidad y así ellas “dominen sus dificultades”. Estando cerca a las elecciones legislativas del 26 de enero, ojalá algún candidato al congreso levante la bandera de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, no por oportunismo sino por real convicción y empatía, promoviendo así una ola de intervenciones públicas concretas, efectivas y eficaces en su beneficio. Más de 3 millones de peruanos y sus familias, esa silenciosa mayoría, aguarda por ese real cambio.

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[1] Según estudio Perfil de la Pobreza del INEI 2018

[2] Cifra resultante de distribuir el presupuesto de 13.4 millones de soles para el CONADIS entre los 3 millones de PCD.

[3] https://www.gob.pe/institucion/mef/normas-legales/223307-30879