¿Permitir el retiro de los fondos de pensiones de las AFP realmente beneficia al afiliado? A propósito de las iniciativas para retirar el 100% de los fondos – Parte 1

21/08/2020

Por Alfonso Garcés

El sistema de pensiones ha estado en la palestra en las últimas semanas, no solo en el Perú sino en la región. Y es que el COVID-19 ha resaltado las deficiencias que existen en muchos aspectos, en los que el sistema privado como en el sistema público de pensiones no han sido la excepción.

Alrededor del 70% de la PEA se encuentra afiliado a un sistema de pensiones, público o privado. No obstante, únicamente el 30% realiza aportes efectivos, lo que quiere decir que solo dicho porcentaje de la PEA logrará obtener una pensión al final de su vida laboral que sea representativa de los ingresos que venía realizando. Un segundo problema es que la coexistencia de ambos sistemas genera la percepción de inequidades.

Por ejemplo, en el sistema público no se tiene derecho a una pensión si no llegas a los 20 años de aportes. Con lo cual, si una persona aportó 19 años 11 meses, probablemente sirvió de muy poco lo que aportó, salvo que complete los aportes voluntariamente, lo que no ocurre en muchos casos. Por otro lado, en el sistema privado, si uno aportó pero con montos muy pequeños (dado su salario), puede terminar recibiendo 100 soles mensuales o menos. Un tercer problema, más asociado al sistema privado, es que el afiliado puede tener pérdidas en su fondo que no se reflejan en la reducción de las comisiones. Estas siempre son constantes.

Entonces, sería miope negar que ambos tienen fallas que hacen necesaria su urgente, seria y rigurosa revisión a fin de garantizar la protección de las personas, a través de un ingreso seguro y constante, cuando ya no estén en capacidad de generar ingresos. Y es en esos problemas, entre otros, en los que el Estado debería estar sumergido. Sin embargo, desde el año 2016 el Parlamento emprendió una férrea defensa por el retiro voluntario de los fondos de la AFP, curiosamente ad portas de las elecciones congresales, utilizando argumentos falaces que justifiquen el retiro voluntario de los fondos de las AFP cuando se jubilaran. Durante la pandemia se aprobó el retiro del 25% con un tope de 3 UIT, y ahora está en debate la propuesta legislativa de retirar el 100% de los aportes, con escasa evidencia de la problemática y menos que la propuesta de “solución” contribuirá a eliminar o mitigar el problema.

Es claro que, en general, no se tiene una cultura del ahorro, es decir, no se tiene conciencia del futuro. Por ejemplo, si revisamos un reciente e interesante estudio realizado por el BID sobre la libertad de elección en los sistemas de pensiones de ahorro individual, que muestra el comportamiento de las personas respecto del retiro del 95.5% aprobado en el 2016 (Ver La libertad de elección en los sistemas de pensiones de ahorro individual: lecciones de Perú), podemos observar que más de 250 mil personas decidieron retirar su fondo (MEF, 2019). De ellas, el 96% que decidió retirar su fondo y solo un 4% optó por una renta vitalicia.

¿Qué hicieron con sus fondos? El estudio muestra que (i) el 13% gastó todo lo que retiro del fondo. (ii) El 15% lo ahorró todo. (iii) el 9% lo invirtió todo, (iv) un 50% hizo un uso mixto, es decir, ahorraron y gastaron, invirtieron y gastaron, entre otros. Eso quiere decir que al menos 30 mil personas se quedaron sin pensión al haberse gastado todo su dinero.

Otro indicador revelador, señala que de los que decidieron ahorrar, casi el 40% recibe 0% de rentabilidad y casi el 30% desconoce si lo recibe. Es decir, los que dicen que pueden administrar mejor su dinero que las AFP, tenemos que una gran mayoría recibe nada de rentabilidad o no interés en conocerlo.

De los que gastaron su fondo, más del 50% no lo hizo en fines vinculados a la subsistencia, es decir, en salud o inversión en algún negocio. Así, casi un 30% lo destinó para viajar, decorar la casa o adquirir muebles, electrodomésticos (de ahí que en Chile nos ponían de ejemplo de comprar un televisor plasma con el retiro del fondo), fiesta de 15 años y para adquirir un vehículo. El 30% lo usó para pagar deudas, el 23% para ampliar su vivienda.

Si bien todos estos destinos de gasto indicados en el estudio son aspiraciones legítimas y son necesarios para el desarrollo de las personas, distorsionan la finalidad de un sistema previsional, lo que significa sacrificar su ingreso futuro en el momento en el que las personas somos más vulnerables. Si bien en el discurso la ley busca ayudar a las personas con bajos ingresos, el estudio en mención señala que los afiliados con fondos bajos han gastado en promedio un 34% de su fondo (a los 2 años de vigencia de la ley, es decir, si se hiciera un nuevo estudio ese porcentaje ya debe haberse incrementado), mientras que el 16% de los que cuentan con un fondo bajo ya se habían gastado la totalidad de este. Lo mismo ocurrió con el 8% de los que contaban con un fondo alto, lo que quiere decir que casi el 25% de los que retiraron sus fondos ya no tenían pensión al cabo de dos años.

¿Quién va a pagar la pensión a ese 16% que ya se quedaron sin pensión gracias a la ley? ¿Lo pagarán los congresistas que permitieron el retiro del 95.5%? A la luz de los resultados, no parece haber existido un razonamiento que tenga como centro a la población más vulnerable, pues hoy ya no tienen pensión. Dejar sin pensión a una persona en el momento más vulnerable de su vida es inhumano. Seguramente esta no fue la intención del Congreso sino que lo pensó apresuradamente como una solución. Hoy, debemos dejar de cometer los mismos errores y realizar un trabajo serio que aborde la problemática del sistema de pensiones en general y poner en suspenso cualquier iniciativa legislativa orientada a agravar la situación de los que están próximos a jubilarse, como lo es el proyecto de ley q permite el retiro del 100% de su fondo.

Con los resultados a la vista, ya no se podrá sostener que hubo buena intención por parte del Parlamento, sino que debe asumirse como un acto doloso en contra de la personas más vulnerables, y por lo cual, los responsables deberían asumir las consecuencias económicas de dichas decisiones. No se pueden hacer cálculos políticos con el futuro de las personas. Nuevamente, se debe enfrentar el problema y hacer un trabajo serio y técnico. Pero no repetir y agravar con medidas que ya se saben que han fracasado. Y no es que han fracasado hace 20 ni 30 años. Hace apenas 4. En la segunda parte veremos los problemas de las iniciativas legislativas existentes y las alternativas para el inicio que contribuyan a un debate más amplio que considere todas las formas de pensamiento contrastadas con las evidencias.