Pensando alternativas: ajustes al diseño constitucional y reforma política

11/09/2019

Por Sergio Tejada

En mi anterior artículo, me referí a las dificultades que tiene nuestro presidencialismo “híbrido” para resolver rápidamente crisis políticas como la que afrontamos actualmente. Si bien a lo largo de nuestra historia, los diseños constitucionales le otorgan amplios poderes al Ejecutivo (reforzados, además, con la Constitución de 1993), éste requiere necesariamente de una mayoría parlamentaria. Como señalaba, la simultaneidad en la elección del Presidente y los representantes al Congreso, usualmente da como resultado un efecto de arrastre: el candidato más votado obtiene también el grupo parlamentario más grande. Sin embargo, como tenemos segunda vuelta o balotaje, puede ocurrir que el candidato más votado (en la primera vuelta) no gane la presidencia. En 2016, el antifujimorismo volvió a ser mayoría en la segunda vuelta, pero no se expresó (por sus propias características) en una mayoría congresal.

El presidencialismo está muy arraigado en nuestra historia nacional y latinoamericana. Implementar un régimen parlamentarista sería sumamente difícil. Además, en esta crisis la principal responsable es esta suerte de “dictadura parlamentaria”, que ha buscado manipular el sistema de justicia, censurar ministros, vacar a dos presidentes (PPK renunció ante la inminencia de su vacancia), blindar a funcionarios cuestionados y a congresistas involucrados en actos de corrupción, entre otras perlas. Tenemos un empate catastrófico sin visos de solución. El Presidente, ante su debilidad, ha cedido proponiendo nuevas elecciones generales, pero para la mayoría parlamentaria, inflexible, eso no es suficiente: quiere su renuncia y continuar en el cargo hasta 2021.

¿Hay alguna alternativa de diseño constitucional frente a esta particular situación? No se trata de debilitar al Ejecutivo o al Legislativo, pues alteraría el necesario equilibrio de poderes, sino de mejorar los términos de la participación y representación política, y de encontrar mecanismos de decisión ciudadana a medio término del periodo presidencial/parlamentario. Desde mi perspectiva, la elección presidencial debe desvincularse de la parlamentaria, y debe implementarse la renovación por tercios en el Congreso. Con estas medidas, evitamos (o reducimos) el voto de arrastre y a la mitad del periodo presidencial las ciudadanas y ciudadanos reconfiguramos la correlación de fuerzas. De esta manera, un Presidente con respaldo popular (asumiendo que este provenga de su buena gestión) podría obtener o mantener su mayoría parlamentaria.

La reforma del diseño constitucional es indesligable de la reforma política. Al respecto, ha habido varios aportes de este espacio plural. Menciono, por ejemplo, al artículo “La parlamentarización de la vida política nacional”, de Morgan Quero. Ya varias propuestas estaban contenidas, además, en las recomendaciones de la comisión que lideró Fernando Tuesta. Sin partidos políticos sólidos, democráticos y transparentes, poco mejorará el funcionamiento de cualquier diseño constitucional. Muchos estudios nacionales e internacionales identifican a los procesos electorales como el punto de partida del círculo vicioso de la corrupción. Los partidos no suelen rendir cuentas ni a sus militantes. Con financiamiento público se puede mejorar la transparencia, elevar las exigencias de rendición de cuentas, y evitar (o minimizar) el clientelismo e intercambio de favores con electores y financistas. Asimismo, se debe eliminar el voto preferencial, pero solo después de la implementación de elecciones internas, de lo contrario se favorece a las cúpulas. Adicionalmente, debe reformarse la inmunidad, que no debe alcanzar a los delitos cometidos antes de asumir la función parlamentaria ni cuando se trate de delitos comunes.

Por motivos de espacio, continuaré en un próximo artículo.