Más allá de la reforma civil: el Sistema de Pensiones en el Perú, una mirada del sector público

Por Luis Tafur

Lo hermoso de enseñar en la universidad es que a pesar de que puedas tener varios años de experiencia y haber visto casos parecidos durante años– casualmente matizados con algún detalle singular – siempre puede surgir una pregunta o una opinión del auditorio que te exige mirar nuevamente la casuística y la experiencia para descubrir nuevos detalles en los casos.

Una alumna muy perspicaz me realizó la siguiente interrogante: Si actualmente el Servicio Civil aún se encuentra en proceso de implementación – si habiendo pasado tanto tiempo aún sigue en proceso de implementación y algunas de las razones las explicamos en la lectura anterior – ¿Esto afecta a los que ya no se encuentran laborando (se le llama usualmente planilla pasiva) en las entidades Pública?

Por supuesto, la respuesta instintiva y casi a la par de la velocidad de los reflejos biológicos, nos dice que en estricto teórico no tendría por qué afectar un sistema a otro. Bueno la respuesta razonada y reflexiva es un poco más compleja que la simple afirmación inicial.

Empecemos diciendo que toda variable tiene la posibilidad de afectar de una u otra manera a las otras variables, especialmente si tienen algún grado de vinculación. Parafraseando lo mencionado por el profesor Dornbusch en su libro “la macroeconomía de una economía abierta”, todas las variables, de una u otra forma, pueden ser afectadas por variables determinadas en otros modelos. En este caso específico, la implementación (en este caso la falta de implementación) de un sistema ordenado de gestión de recursos humanos “activos” en el sector público tiene posibilidades (me atrevería a especular con altas probabilidades de ocurrencia) de afectar al sistema de gestión de recursos humanos “pasivos” por una sencilla y simple cuestión. El primero (donde los trabadores aún aportan) sostiene financieramente al segundo sistema (donde los ex trabajadores ya no aportan y ahora cobran).

Siguiendo la metodología del artículo anterior, la réplica vendría con la afirmación siguiente: Lo afirmado en el párrafo anterior podría ser cierto si y solo si, el 100% de los jubilados (el personal que ya no aporta) pertenecieran al Sistema Nacional de Pensiones (conocidos por la gran mayoría de nosotros con las siglas ONP).  Y como lo anteriormente no es cierto (al menos no en la totalidad de los no aportantes), la probabilidad de afectación no es necesariamente significativa (o menor a lo que deberíamos esperar para prender las “luces rojas” y alertarnos).

Sobre la última afirmación debemos tener un poco de cuidado. Primero, para los gestores públicos sabemos que un “problema público” no necesariamente es un problema en el tiempo presente; es decir que en el tiempo “t” (el presente) aún no se ha manifestado el problema, pero el tiempo “t+1” podría surgir a partir de la falta acción del Gobierno frente a lo que está ocurriendo y en especial cuando no se le toma importancia a las señales de alerta poco a poco se vienen presentando.

Lo que se está mostrando en las cifras del cuadro anterior un potencial “problema público en t+1”; es decir un problema que actualmente se está gestando, en donde las autoridades y los responsables ya tomaron conocimiento, los afectados (las Administradoras de Privadas de Pensiones, conocidas como AFP) ya empezaron a brindar algunas opiniones y los principales afectados (los futuros pensionistas, actualmente aportantes) recién empezamos a deslumbrar lo real del problema. El Estado (independientemente del nivel de gobierno), se ha convertido en uno de los principales deudores (camino a superar a las empresas informales) respecto a los aportes que tiene el deber de realizar – en su calidad de empleador –  respecto a los trabajadores que se encuentran activos.

Lo que debemos tomar en cuenta que a partir del modelo de capitalización individual que tienen los trabajadores que están aportando a una AFP, actualmente muchos de ellos no están recibiendo aportes en sus cuentas, por lo consiguiente, estos ingresos no aportados no están generando ganancias para el momento en que cambien de categoría a pensionistas.

Muy bien y porque este problema afectaría al Sistema de Gestión de RRHH, por una razón muy sencilla: DESCONFIANZA. Cuando los jóvenes empiecen a ver que la promesa de la cuenta individual no se ha cumplido para los trabajadores jubilados del Estado, su reacción  de desconfianza será frente a todo el sistema y cuando volvamos a analizar el cuadro anterior, nos daremos cuenta que el problema estaba frente a nuestros ojos, pero no le dimos la importancia que se merecía.