Las amenazas a la economía de mercado en nuestro país. El caso de las empresas públicas
14/06/2023
El Congreso se ha afanado, desde siempre, en aprobar leyes y, en general, en proponer proyectos de leyes que van en sentido claramente contrario a la necesidad de fortalecer la economía de mercado en nuestro país, que ya de por sí muestra múltiples falencias, pues no permite el desarrollo ni la reducción de la desigualdad, tal como lo hemos indicado de manera reiterada en anteriores publicaciones.
En este orden de ideas, existen diversos planteamientos dirigidos más bien a incrementar la presencia del Estado en la economía a través, por ejemplo, de empresas públicas, lo cual no solo va en contra del principio de subsidiaridad establecido en el artículo 60 de la Constitución Política del Perú, sino que ademáscarece de todo sustento técnico, más aún en un contexto en el cual se requiere incentivar vigorosamente la inversión privada.
El principio de subsidiariedad
La actividad empresarial estatal se encuentra fuertemente limitada por el principio de subsidiariedad. De acuerdo con la doctrina, se entiende por dicho principio la obligación del Estado de realizar actividad empresarial únicamente ante la ausencia de inversión privada en determinado sector de la economía. Ahora bien, a fin de hacer efectivo dicho principio se debe cumplir con un conjunto de importantes requisitos, establecidos tanto en la Constitución como en un importante precedente emitido por el Tribunal del Indecopi.
El principio de subsidiariedad tiene sentido, en primer lugar, por el hecho que el Estado es, en general, un empresario ineficiente, como ha quedado demostrado desde la década de los 70´s hasta el día de hoy, dadas las importantes pérdidas que las empresas estatales generan hasta el día de hoy, lo cual se verifica en sus estados financieros. Un ejemplo plausible es Petroperú, empresa que ha tenido que ser sometida a salvataje financiero por el Ministerio de Economía y Finanzas.
A ello, debemos agregar que la existencia de empresas públicas es per se indebida desde el punto de vista económico, generando diversas distorsiones en el mercado cuando ellas no cumplen con el principio de subsidiariedad. En primera instancia, en el contexto de la teoría de juegos, el árbitro no debería participar del juego, que es lo que ocurre con el Estado cuando realiza actividades económicas, existiendo siempre el riesgo que la regulación económica se oriente a favorecer a sus empresas.
Asimismo, las empresas públicas no solo generan competencia desleal respecto a las empresas privadas que concurren en el mercado – lo cual se encuentra claramente establecido en el artículo 14 del Decreto Legislativo N.º 1044, que aprueba la Ley de Represión de la Competencia Desleal -, sino que además favorecen la corrupción y desincentivan la inversión en el mercado de servicios públicos y en la economía en general, como lo hemos visto de manera reiterada no solo en nuestro país sino en muchos otros.
Como resultado, la economía de un país debe propender a la privatización de las empresas públicas y a la sustitución del régimen de control estatal a un esquema de competencia, en el peor de los casos, proceder a su otorgamiento en concesión a empresas privadas que van a administrar de manera más eficiente, sometiéndose a metas económicas y financieras específicas, como veremos más adelante.
Además, es necesario fortalecer los mecanismos existentes para que los privados puedan participar de la gestión y la propiedad de las empresas estatales, lo cual aporta no solo capital fresco, sino también un mejor gobierno corporativo y un control administrativo más eficiente. Como veremos en una publicación posterior, no hay mejor contralor que un accionista suficientemente preocupado del resultado de su inversión.
Lamentablemente, el proceso de privatización de las empresas estatales, que fuera iniciado tímidamente durante la década de los 90´s, fue interrumpido de manera abrupta, permaneciendo en la actualidad buena parte de los servicios públicos en manos del Estado, así como la provisión de algunos bienes, cuando ello podría estar vulnerando el principio de subsidiariedad establecido en la Constitución.
Ahora bien, existen supuestos en los cuales resulta pertinente la provisión de bienes y servicios por parte del Estado, que es precisamente cuando la oferta no es suficiente para satisfacer la demanda como resultado de una distorsión en el mercado que no se puede resolver de otra manera. En este caso, es necesario que el Estado intervenga ante la deficiencia de oferta. La cuestión es que dicha intervención debe ser eficiente, generando el resultado previsto.
La intención de crear empresas públicas o, en todo caso, la pretensión de la realización de actividades económicas por el Estado proviene de concepciones erróneas de cómo debe intervenir éste en la economía. La intervención administrativa tiene por finalidad corregir distorsiones en el mercado como son los elevados costos de transacción o las externalidades, que pueden a su vez generar excesos de demanda o deficiencia en la oferta. La creación de empresas estatales no se encuentra justificada en otras situaciones reales o ficticias que las ya señaladas, caso contrario se pueden generar serios daños a la economía, como muchas veces ha ocurrido.