La implementación estratégica del servicio civil como herramienta para dinamizar la economía

22/01/2020

Por Alfonso Garcés

En el año 2019 el Perú tuvo grandes acontecimientos de nivel internacional como los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, lo que demandó que el Estado invierta miles de millones de soles que contribuyeron al crecimiento de la economía. Sin embargo, el mismo ritmo con el que se ejecutó la infraestructura para dichos juegos, no fue contagiada a la ejecución de la inversión pública a cargo del gobierno nacional, regional ni local. Es por ello, que en el 2019 tuvimos un magro crecimiento, que debe estar alrededor del 2%, a pesar de los esfuerzos que el MEF intentó desplegar para mostrar cifras diferentes.

Una de las causas que hemos identificado en ediciones anteriores es el vinculado al capital humano con el que cuenta el Estado. Como en todo, las generalizaciones son malas. Siempre habrá equipos con diferentes tipos de servidores. Desde los comprometidos con el servicio público porque tienen una clara vocación de servicio, como de los que están simplemente porque les resulta cómodo y, mal que bien, tienen cierto grado de seguridad en sus puestos. Los primeros tienen internalizado sus objetivos: servir y hacer todo lo necesario para alcanzarlo a pesar de las dificultades, que sobran cuando uno está en la gestión pública, y sacrificando muchas veces su salud, vida personal y familiar, o todas juntas. Los segundos, saben que basta con hacer lo mínimo indispensable para continuar; total, siempre estarán los primeros para suplir cualquier deficiencia o ineficiencia de estos. Son personas que no tienen mayor motivación que la de esperar la hora de salida para ir a sus casas, gimnasio, estudios o cualquier otra actividad, a la que por supuesto, los primeros también aspiran poder realizar, pero privilegian el servir.

Es común (y mezquino) escuchar que en el Estado solo hay gente ineficiente. No es verdad. Existen muchos servidores que se encuentran en el primer grupo, donde las amanecidas, días sin almorzar y sacrificios familiares son el pan de cada día. Y esto a todo nivel, desde personal administrativo, profesionales como jefes. Pero también es cierto que existe otro gran grupo de servidores que no cumplen necesariamente los objetivos pero que sí saben cumplir bien los horarios. Nadie dice que en el Estado no deba existir un equilibrio entre el trabajo (servir al ciudadano), la recreación y la familia. En absoluto. Sin embargo, lo que es una realidad es que existe un desequilibrio, dado que hay una buena parte de servidores que no cumplen eficientemente su trabajo y que debe ser cumplido por otros. No habría necesidad que algunos tengan que hacer sobretiempo si todos cumplieran con lo que les corresponde eficientemente; y, de este modo, se brindaría un mejor servicio público, que representa su core frente a sus ciudadanos; y, al mismo tiempo, todos los servidores podrían tener una mejor calidad de vida.

Es así, entre otras razones, que a fines del 2012 y durante la primera mitad del 2013 se trabajó y aprobó una nueva ley del servicio civil, hoy conocida como Ley SERVIR, la cual tenía entre sus objetivos, construir una carrera pública meritocrática, basada en una gestión por resultados. Ello implica realizar evaluaciones a sus servidores, previa fijación de metas con indicadores claros y objetivos. Pero esas evaluaciones, a diferencia del pasado, no son con el propósito de despedir, sino todo lo contrario: fortalecer sus capacidades. En efecto, una vez identificada la posibilidad de mejora, el Estado invierte en ese trabajador, capacitándolo en los rubros identificados, buscando su crecimiento integral, porque al crecer el, brindará un mejor servicio al ciudadano, que es el centro y la razón de ser del Estado.

Si bien la ley estableció un plazo de implementación progresiva, son aún muy pocas las entidades que ya se encuentran listas para iniciar los concursos para cubrir las diferentes plazas, pese a los esfuerzos que SERVIR ha venido desplegando. Este retraso puede verse hoy como una oportunidad, ya que puede establecerse una implementación estratégica, no necesariamente por toda la entidad, sino más bien por la función. Entre las funciones que deberían priorizarse son precisamente las vinculadas a la ejecución de la inversión, es decir, todas las oficinas que dan soporte a la entidad. Nos referimos a los órganos de apoyo y de asesoramiento, tales como administración, presupuesto, inversiones y asesoría legal.

Empezar por dichas funciones permitirá a las entidades contar con oficinas de inversiones que formulen bien y rápido los proyectos, que luego puedan ser incluidos en los Planes Anuales de Contratación (PAC), para que cuando el área usuaria inicie el proceso de selección con su requerimiento, las oficinas de presupuesto certifiquen con celeridad, y las oficinas de abastecimiento den el soporte para llevar a cabo los procesos de selección con el menor numero de observaciones a las bases que retrasen la adjudicación, así como con la mayor amplitud posible para generar competencia (sin que afecte la calidad del bien o servicio); que las oficinas de control previo, contabilidad y tesorería puedan pagar, luego de obtenida la conformidad del bien o servicio en tiempos más cortos. Agilizando este flujo no solo se adelantará la ejecución presupuestal, sino que las MYPEs y demás empresas tendrán más rápido el dinero en sus cuentas para seguir invirtiendo o consumiendo, contribuyendo así a acelerar el dinamismo de la economía del país.