¡Fortalezcamos las instituciones! Pero, ¿qué son?

21/01/2020

Aunque con matices, existe consenso en los ámbitos académico y político sobre la importancia de las instituciones en el desarrollo económico y social. Tal vez por ello, con frecuencia se menciona el fortalecimiento y la mejora de la calidad de las instituciones como uno de los principales retos de nuestro país.

De cara al bicentenario, es conveniente discutir sobre qué son realmente las instituciones y porqué son tan importantes, y establecer una agenda de cambio institucional positivo en el Perú. Avanzar en este sentido puede ser el legado del 2021, dado que es tal vez más relevante que desarrollar un conjunto de grandes obras de infraestructura… obras que, además, sabemos no llegarán.

Instituciones

Douglas North define las instituciones como «las reglas del juego en una sociedad o, más formalmente, las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana”. Las instituciones determinan el marco general y los incentivos para la interacción económica, política y social.

Las instituciones se clasifican de acuerdo con diversos criterios. Pueden ser, por ejemplo:

Económicas: derechos de propiedad, contratos, y, en general, las normas que regulan la actividad económica.
Políticas: principalmente las organizaciones y su estructura y relaciones.

Instituciones y desarrollo

El neo institucionalismo, una de las principales corrientes de buen gobierno, plantea que la calidad de las instituciones económicas determina el desarrollo. Desde esta perspectiva, cuando los ciudadanos y el Estado respetan los derechos de propiedad, los contratos, y en general las normas que regulan la interacción económica y social, todos los agentes están animados a intervenir en actividades económicas y a invertir, generando crecimiento económico. Las instituciones económicas son fundamentales, además, para distribuir adecuadamente la riqueza generada con el crecimiento.

Entonces, para mencionar solo algunos ejemplos, son fundamentales:

Un sistema judicial y un sistema de arbitraje no corruptos ni politizados que resuelvan de manera adecuada y oportuna los conflictos entre los agentes.
Políticas públicas estables, transparentes, predecibles y eficientes para promover la inversión y para la prestación de servicios públicos, que respeten el derecho a la iniciativa privada y a la vez protejan el interés general.
Un sistema tributario sin distorsiones, equitativo (todos contribuyen), progresivo (quienes tienen mayores ingresos contribuyen más) y justo.
Políticas y normas regionales y locales también predecibles, que respondan a las prioridades y necesidades de cada ámbito territorial, pero enmarcadas en rectoría y lineamientos nacionales y sectoriales.
Un patrón formal, ordenado y planificado de acceso al suelo, que sustituya a las invasiones y a las adquisiciones fraudulentas de la tierra, que es un recurso de todos.

Aunque son las instituciones económicas las que determinan directamente el desarrollo, son las instituciones políticas, es decir las organizaciones (a las que normalmente conocemos como instituciones) las que gobiernan el proceso mediante el cual las reglas y el sistema legal emergen. Y, por lo tanto, la calidad de las instituciones políticas y la competencia, liderazgo y valores de las personas que las dirigen, son también esenciales para el desarrollo y para asegurar el imperio de la ley.

La tarea pendiente

Si convenimos en que las instituciones económicas y políticas son fundamentales para el desarrollo, hay tareas para el Gobierno y los ciudadanos.

A nivel de Gobierno:

Elecciones generales ejemplares el 2020.
Avanzar en una agenda mínima para sentar las bases para el fortalecimiento institucional, que incluya consolidar la reforma política y la reforma judicial de manera consensuada y sin intereses particulares, y que puede abarcar además algunos de los otros elementos ya señalados.
Combatir, de manera efectiva y con el ejemplo, la corrupción.

A nivel de ciudadanos:

Respetar las normas e instituciones e intervenir en la actividad económica y social de manera justa y leal.
Votar por partidos y personas con vocación de fortalecer el imperio de la ley y con capacidad de implantar y/o consolidar políticas públicas adecuadas y efectivas.
Renovar nuestra confianza en que se puede construir un país justo, próspero y solidario.

Gobierno y ciudadanos somos responsables de fortalecer las instituciones para asegurar el contexto en que el Estado y la sociedad civil elaboramos y aplicamos las políticas e interactuamos, generando realmente desarrollo económico y social.