Elecciones del bicentenario y la agenda de la igualdad entre mujeres y hombres
30/12/2020
La crisis económica y social en América Latina va a afectar especialmente a mujeres y jóvenes. Así, por ejemplo, la CEPAL afirma que el COVID-19 ha magnificado las brechas estructurales y que las mujeres son las más expuestas a la pérdida de empleos por confinamiento: 53% de las mujeres están empleadas en los sectores de más alto riesgo de pérdida de empleo: comercio, industrias manufactureras, alojamiento y comidas, y en los propios hogares; son estos mismos sectores donde menos del 45% de las empleadas tienen acceso a seguridad social. Desde otro ángulo, el sector de salud está conformado en un 73.2% por trabajadoras mujeres, menos del 30% son hombres, mientras que en el sector de enseñanza, 70.4% de sus empleados son mujeres; por su parte los hogares contratan en un 91.5% a mujeres, siendo que de ellas solo 24 gozan de seguridad social [1].
En el caso de América Latina, ello es especialmente preocupante pues veníamos de años de conquistas y ampliación de derechos, no sin lucha y confrontación, pero si con logros concretos. En materia de reconocimiento de derechos, las mujeres obtuvimos resultados en diversas áreas como participación política por ejemplo, en donde la alternancia y la paridad han sido conquistas en la región en los últimos años; en la lucha contra la violencia de género, se ha logrado la ampliación de servicios, con el consiguiente respaldo presupuestal; en materia de reconocimiento de derechos sociales, han sido los años en los que las mujeres han alcanzado los mayores niveles educativos y coberturas de salud; también se ha logrado una ampliación de ingresos, a través de una mayor participación en actividades remuneradas y en cargos de responsabilidad. Por supuesto, aún con serias limitaciones y con procesos difíciles, con avances y también algunos retrocesos pero con resultados concretos.
En el caso del Perú, el impacto real de las políticas públicas en la ampliación de nuestros derechos puede verse en el IDG (Índice de Desigualdad de Género). Así, en 20 años habíamos pasado de 0.526 (año 2000) a 0.3762 (año 2018), lo que implica mejoras en por lo menos 4 de los 5 indicadores, como son: mortalidad materna, escaños en el parlamento, nivel de instrucción y participación en la fuerza laboral, aunque prácticamente no hubo modificación en lo relativo a la fecundidad adolescente [2].
Ad portas del bicentenario, en un contexto de contracción de la economía, no es posible que el Estado le vuelva a dar la espalda a las mujeres. No es posible porque, en primer lugar, hay un mandato de lograr la igualdad entre hombres y mujeres, norma que obliga a todas las instancias gubernamentales, locales, regionales y nacionales, así como organismos constitucionalmente autónomos a aplicar el enfoque de género, mandato que ha sido reconocido por el propio Tribunal constitucional [3].
En segundo lugar, es importante reconocer que hay ya acumulada una importante experiencia, en la medida que las mujeres son parte, y cada vez en mayor proporción, del funcionariado público. En efecto, en los últimos 20 años, las mujeres vienen ocupando cargos de decisión, ya no sólo en las llamadas carteras sociales sino también en sectores de la producción y del orden público, al punto que podemos identificar mujeres ministras en todas las carteras de Estado. Por todo ello, las propuestas para el logro de la igualdad es algo que deberá ser parte del escrutinio que se haga de los planes de gobierno, y más aún, en la propia gestión de quien asuma el reto de gobernar el Perú del bicentenario.
Es hora de hacer pasar el examen de la igualdad a todos los planes de gobierno, es decir que se pronuncien de forma explícita sobre cómo van a contribuir a los objetivos de la Política Nacional de Igualdad de Género. Todos los planes deben contener como mínimo propuestas para lograr los 5 objetivos de nuestra política, a saber:
1. Reducir la violencia hacia las mujeres
– ¿Cuáles son las propuestas dirigidas a hombres, especialmente adolescentes y jóvenes sobre la construcción de una masculinidad no violenta?; ¿Cuáles dirigidas a hombres que se reconocen como agresores?, ¿Qué programas para la erradicación del hostigamiento laboral y el acoso sexual en transporte o espacios públicos? ¿Qué programas dirigidos a las familias que ya han experimentado algún tipo de violencia?
Para ampliar o profundizar sus propuestas, recomendamos revisar:
2. Garantizar el ejercicio de los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres
– ¿Qué lineamientos se tienen para fortalecer y expandir los programas de educación sexual integral para hombres y mujeres adolescentes, mejorando no sólo el conocimiento sobre métodos anticonceptivos sino especialmente el diálogo y la capacidad de negociación de las adolescentes para un inicio sexual protegido, sin riesgo de embarazo? ¿Qué posición asumen frente al derecho a la atención integral de la salud de niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación sexual, el acceso a la AOE, así como frente a la despenalización del aborto por causa de violación sexual?
Siendo la maternidad temprana un importante reto en nuestro país, recomendamos revisar:
3. Garantizar el acceso y participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones
– ¿Se tiene una propuesta para ampliar la participación de las mujeres en puestos de alta dirección, tanto en el sector público como en el privado, así como la participación de mujeres en sectores no tradicionales como el minero energético, de construcción, transporte, electrónico o en cadenas de valor vinculadas a la exportación? ¿Cuáles son sus propuestas para eliminar la violencia contra las mujeres en la vida política?
Al respecto, entre otros documentos, se puede tomar en cuenta:
Así como la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política preparada por el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará.
LeyModeloViolenciaPolitica-ES.pdf (oas.org)
4. Garantizar el ejercicio de los derechos económicos y sociales de las mujeres
– En su propuesta de reactivación económica ¿qué se ha contemplado para las MYPES conducidas por mujeres? ¿cómo se proponen reducir la brecha digital de género?
¿De qué manera están contemplando a las mujeres jefas de hogar y sus responsabilidades de cuidado? ¿Se están considerando el cuidado diurno de niñas y niños, que al mismo tiempo que refuerza el aprendizaje escolar, permita a las mujeres enrolarse en jornadas de tiempo completo?
Para ampliar sus propuestas en torno a los derechos económicos recomendamos revisar:
5. Reducir las barreras institucionales que obstaculizan la igualdad en los ámbitos público y privado entre hombres y mujeres
– ¿Cuál es su propuesta para mejorar la gestión pública y el ciclo presupuestario, para que el enfoque de género sea incorporado en las políticas nacionales sectoriales y multisectoriales, así como en la provisión de los servicios a la ciudadanía, acordes a las necesidades diferenciadas y otorguen respuestas tanto para hombres como para mujeres, en su diversidad?. ¿Cuáles son los obstáculos que enfrentan las mujeres en la administración pública para mejorar su participación y toma de decisiones?.
Algunos de estos aspectos son analizados por el PNUD en su Informe sobre igualdad de género en la administración pública de América Latina y El Caribe (2020)
GEPA-2020.pdf (americalatinagenera.org)
Así como por ONU mujeres, a través de diversas estrategias, que tienen sòlidas raíces conceptuales, como puede verse en:
6. Reducir la incidencia de los patrones socioculturales discriminatorios en la población.
– ¿Qué estrategias serán implementadas para garantizar una educación sin estereotipos de género? ¿Cómo fomentarán el mayor involucramiento de las niñas y adolescentes en el desarrollo científico?. Y ¿Cómo desarrollarán en niños y adolescentes una mayor ética y responsabilidad de cuidado?
Al respecto, entre otras, se puede revisar las siguientes publicaciones:
Si frente a estos retos no se tiene una propuesta, es hora de desarrollarla. No sólo existe la obligación legal, sino personas con experiencia en el campo y buenas prácticas a nivel de la región. Si, a pesar de ello, no las presentan, las peruanas y peruanos, sabremos que no están listos para asumir la conducción del futuro de nuestro país bicentenario.
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[1] Bárcena, Alicia. Secretaria Ejecutiva CEPAL Pactos políticos para la igualdad y el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe post COVID-19. Octubre 2020
[2] INEI 2019. Perú. Brechas de género 2019. Avances hacia la igualdad de mujeres y hombres.