El Nuevo Congreso y sus posibles efectos sobre las políticas públicas

07/02/2020

Por Flavio Ausejo

En pocas semanas entrara en funciones un nuevo Congreso con un mandato de pocos meses hasta el siguiente proceso electoral de cara al 2021. Los temas que puedan ser materia de discusión y que podrían provocar cambios en leyes o incluso la aprobación de nuevas leyes, y la fiscalización sobre las acciones del gobierno, ¿qué efectos puede tener sobre las políticas públicas, más aún en el contexto que es la última etapa del gobierno?. La pregunta es relevante pues uno de los elementos de la discusión en los meses previos a la disolución del anterior Congreso era el rol obstruccionista que ejercía sobre la capacidad del gobierno para tomar decisiones en temas relevantes para la población. ¿Hasta qué punto el nuevo Congreso puede tener un papel significativo en proponer, fortalecer o mejorar las actuales políticas públicas?¿puede ser un elemento impulsor o perturbador?

De las declaraciones en los últimos días de los líderes y virtuales congresistas de las diferentes agrupaciones que han logrado una curul, los temas que aparecen reiteradamente vinculados a políticas públicas son: (i) reforma política, con énfasis en aspectos de gobierno, (ii) lucha contra la corrupción, con el tema central referido al rol de la Fiscalía y Procuraduría en el tema Odebrecht, e (iii) inseguridad ciudadana.  Otros temas tienen comentarios más difusos como los referidos a la gobernabilidad del país o la vigencia y beneficios del actual modelo económico; o más políticos, referidos a la institucionalidad del Congreso, como la inmunidad parlamentaria, la revocatoria de congresistas o la renovación parcial del Congreso, o más partidarios, como la amnistía a Antauro Humala.  Otro elemento donde hay coincidencia es en la fiscalización de las acciones del gobierno.

En este escenario, la expectativa que el Congreso asuma un rol impulsor de aspectos sustantivos para la población es baja, y es probable que lo que observemos sean temas asumidos como “banderas” a partir de actuaciones individuales, y que eventualmente puedan ser tomados por las bancadas. Esta posibilidad sí resulta interesante y es un espacio que puede ser aprovechado por nuevas figuras –que hay muchas en el nuevo Congreso- para lograr un posicionamiento frente a la población, y para colocar temas importantes que no están en la discusión. Por ejemplo, aspectos como salud mental, que está presente en temas como salud pública, seguridad ciudadana, transporte público, por mencionar algunos, o niñez, vinculado con desarrollo infantil temprano, salud (anemia y desnutrición crónica), violencia en el hogar y sexual, trabajo infantil, adopciones y refugio, entre otros, pueden tener visibilidad a partir de actuaciones individuales en el Congreso, y con ello ser materia de discusión y eventualmente de leyes (nuevas o mejoradas) y una acción más decidida por parte del actual gobierno y del próximo.

Otra dimensión en donde el Congreso puede tener un efecto sobre las políticas públicas está en dos tareas que deben ser emprendidas al inicio: Revisión de los Decretos de Urgencia publicados en la etapa donde no hubo Congreso y la presentación del Gabinete ante el nuevo Congreso. Estas dos actividades serán espacios interesantes en donde será puesta a prueba la capacidad de las bancadas para identificar espacios de mejora en las acciones del gobierno, y permitirá observar realmente que posiciones asumen frente a los diversos temas en la agenda. La expectativa es conocer su posición sobre temas que no han sido realmente atendidos por el gobierno, como es la informalidad, la infraestructura –productiva y de bienestar de la población- y los potenciales “motores” de la economía, como son los sectores forestal, turismo y acuicultura, y los sectores tradicionales, como minería y pesca, y recientemente agroindustria, y conocer qué hay en el imaginario de los congresistas, las bancadas y sus agrupaciones. Estas actividades de presentación del Ejecutivo ante el Congreso es probable sean el espacio para la discusión del modelo económico. Más aún por el hecho que luego vienen las elecciones presidenciales y regionales/municipales, y un nuevo Congreso.

Finalmente, la otra dimensión es el rol fiscalizador del Congreso sobre el Ejecutivo, que es donde en las últimas décadas ha estado concentrada la labor del Congreso y sus congresistas, olvidando que su “giro de negocio” es legislar y no fiscalizar únicamente. Este espacio también es una oportunidad interesante para poner la atención sobre decisiones que no generan mejoras en el bienestar de la población pero que usan gran cantidad de recursos, en particular presupuesto, como por ejemplo lo temas relacionados a la informalidad y el empleo, o sobre la ausencia de decisiones, que finalmente agudizan las necesidades de la población, como lo que está ocurriendo con el tema del transporte público. El Congreso debe ser ese espacio en donde la actuación no ocurra sobre la base de la inmediatez y el hecho puntual, sino por el contrario debe tener la capacidad de establecer, identificar y separar, el “síntoma” del “problema” que afecta a la población (problema público), como por ejemplo, existe la idea que el problema es la “corrupción”, cuando en la realidad es el síntoma pues el problema es la ausencia de integridad en la acción de las autoridades, funcionarios y servidores públicos. Las acciones emprendidas por el gobierno busca luchar contra la corrupción pero no hay ningún esfuerzo estructural para tener autoridades, funcionarios y servidores públicos con comportamiento integro. La existencia de un Código de Ética no vuelve integro automáticamente a las personas, hay otras acciones que deben ser tomadas para que las personas que ingresan a la función pública sean personas integras, es decir, que frente a una insinuación de comportamiento indebido sean capaces de decir: “No!”.

En suma, las oportunidades para que el Congreso y sus congresistas puedan tener una labor sustantiva y positiva sobre las políticas públicas están allí. La responsabilidad es grande pues su acción y decisión afecta al vida cotidiana de millones de peruanos. Pero, además, frente a la población la política y los políticos están desprestigiados. En el imaginario del ciudadano la política es un espacio donde las reglas de juego son la mentira, la impunidad y el aprovechamiento personal (e ilícito). Los últimos tiempos han puesto al descubierto ese comportamiento en muchos políticos (y que luego fueron autoridades) y sus agrupaciones, y frente a lo cual están siendo procesados en el sistema de justicia. Esto es grave pues un país sin partidos políticos no es viable. Este Congreso no debe ser más de lo mismo. El tiempo nos dirá si están a la altura del reto, y el hecho que la vigencia del Congreso sea de pocos meses no es excusa.