El Ministerio de la Comunicación, Gobierno Digital, Industrias Culturales e Innovación (MINCOM)
El debate sobre regulación o liberalización de los medios en el Perú se ha extendido por años sin concluir en una hoja de ruta al respecto. Existe una Ley de Medios, la N° 28278, que mal que bien, contiene varios aspectos que podrían significar una línea de base que se puede enriquecer con propuestas vinculadas a las nuevas formas de hacer comunicación en la actualidad. Pero, valgan verdades, hay mucho trabajo en terminar de definir o aplicar lo ya planteado en la mencionada ley: temas como publicidad estatal, regulación de contenidos, código de ética, concentración de medios, operación de los servicios de radiodifusión, uso del espectro radioeléctrico, tratamiento de los medios digitales, entre otros.
Vamos a hacer el ejercicio de analizar, entrega tras entrega, cada uno de estos frentes de la Ley de Medios al ser aspectos vinculados a la comunicación como materia de estudio. Pero aquello no va a tener mayor utilidad si es que no se define el marco o sistema desde donde se planteen las soluciones necesarias. Para ello es preciso primero, contar con la voluntad política que, de una vez por todas, coloque a la comunicación en el lugar que amerita y que la provea del respaldo institucional que requiere, dado el rol fundamental que tiene en la sociedad.
Tomando esto como condición esencial, es decir, el componente institucional; y asumiendo que ya se cuenta con la voluntad política para ello, es cuando debemos plantearnos una primera pregunta: ¿dónde colocamos a la comunicación como política pública? ¿qué materias están vinculadas a ella de manera natural?
La comunicación masiva se enmarca en la radio y, principalmente, en la televisión, dado el enorme impacto que ésta última genera en la gente. Se trata del principal generador de identidad de una nación al promover y amplificar el propio constructo social que crea. Sobre la base de esta premisa, es una obligación del Estado asegurar el marco necesario como para que la propia ciudadanía defina libremente esa identidad nacional que busca construir. Y eso se logra asegurando una múltiple oferta de medios de comunicación. Pero, sobre todo, garantizando una oferta pública de medios, aquella en la que la parrilla de contenidos sea definida por y desde la propia ciudadanía y no impuesta por sectores con intereses particulares. Y es en este punto donde los medios públicos se diferencian de los estatales, caracterizándose éstos últimos por difundir la agenda del gobierno de turno, necesidad igual de legítima, pero no la única. Para entenderlo mejor, TV Perú podría definirse como un medio mixto, pues contiene una parrilla de programación que mezcla productos audiovisuales más cercanos a la difusión de la cultura nacional con la transmisión de la agenda política del gobierno en sus espacios noticiosos.
En la región, tanto Brasil como Paraguay son los países que más han desarrollado la idea de medio público: aquél del que se apropian los propios ciudadanos. Y la salida para poder difundir la agenda del gobierno terminó siendo, en ambos países, su agencia estatal de noticias, lo que para nosotros podría representar Agencia Andina.
Entonces, frente a la eterna disputa entre más o menos regulación, la salida de nuestras democracias o poliarquías en desarrollo podría ser el fortalecimiento de los medios públicos como alternativa a los efectos nocivos que genera para las sociedades la concentración de medios en el ámbito privado. En Bolivia, por ejemplo, la propuesta planteada en los últimos años fue aumentar la oferta de medios públicos al mercado de medios de comunicación, práctica que, al aumentar el tamaño del mercado, generó una disminución de las respectivas cuotas de los medios que controlaban el mayor porcentaje de participación, todo dentro de las reglas legítimas del libre mercado.
Es decir, en la región existen diversas alternativas de modelos y políticas de comunicación que pueden muy bien funcionar en el Perú, descartando cualquier iniciativa que atente contra la libertad de expresión o la intervención de contenidos en los medios privados.
Finalmente, otro de los componentes que puede sortear el antagonismo regulación – liberalización de los medios es tanto la delimitación del terreno de la comunicación como su elevación a nivel ministerial. Actualmente, la rectoría de la comunicación en el Perú recae en una secretaría de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), reduciendo su marco de acción a la simple creación de campañas de comunicación que traten de posicionar políticas establecidas por la agenda del Gobierno, por más que su normativa establezca que esta secretaría define la política de comunicación del Poder Ejecutivo.
Elevando la gestión de la comunicación pública a nivel ministerial, se podrían definir estructuras institucionales que planteen políticas de comunicación de carácter estratégico, de largo plazo, que ayuden a construir una identidad nacional reconocible, que integre a la ciudadanía en un relato común e identificable, usando para ello, además de la radio y la televisión como medios masivos tradicionales, las diversas alternativas que ofrecen las industrias culturales: el cine, el teatro, la música, la danza, entre otras formas de arte.
A esto habría que añadir un análisis transversal de los diferentes ámbitos del Estado peruano que deberían integrarse a un ministerio de la comunicación. En ese sentido, los modelos más afines en la región incorporan a la rectoría de la comunicación, materias vinculadas a la innovación, las tecnologías de la información, los medios digitales y hasta la cultura como estadio final del propósito de todas las materias antes señaladas. Pero vamos, no seamos tan ambiciosos. Son las industrias culturales como el Cine, el Teatro, las danzas o la música las que podrían incorporarse en el Ministerio de la Comunicación. En Brasil, por ejemplo, existe el Ministerio de la Ciencia, Tecnología, Innovación y Comunicaciones. En Paraguay se llama Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación.
De esta manera, se abre una gran oportunidad para el bicentenario. Si una de las propuestas de gobierno tan exitosas en campaña electoral a inicios de la presente década fue la de la Inclusión Social –que tuvo como consecuencia lógica la institucionalización de esta propuesta en una política pública que fue la partida de nacimiento del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social-; se abre ahora la oportunidad de abanderar el nacimiento de las políticas de comunicación a través de un ministerio que sea el ente rector de esta materia.
Adelantándonos un poco, podríamos ensayar un nombre: Ministerio de la Comunicación, Gobierno Digital, Industrias Culturales e Innovación (MINCOM).
¿Ustedes qué opinan?