El Estado de la Salud Mental en el Perú: Financiamiento, retos y apuestas

A propósito del Día Mundial de la Salud Mental

10/10/2020

Por Lina Arenas

En estos últimos meses la conciencia sobre la Salud Mental ha estado más presente que nunca. No solo presente en medios locales, sino mundialmente. De hecho, la salud mental ha sido catalogada en muchos países como “la siguiente pandemia”, luego de la crisis sanitaria desatada por el COVID-19. Con niveles históricos de pobreza y desempleo, atravesando un duro periodo de confinamiento en casa y distanciamiento social; nuestro país, outlier en conductas y transgresión de normas sociales, en desinterés por la política y por el otro, no ha sido ajeno a los estragos adicionales a los sanitarios que estas condiciones han generado en la psique de todos los peruanos sin discriminación. Estos estragos no son tan evidentes o visibles como la falta de plantas de oxígeno; pero las consecuencias de no prevenir, contener, y financiar el tema, son a largo plazo, una bomba de tiempo que nos puede explotar en temas tan amplios como disímiles (desarrollo infantil, violencia intrafamiliar, seguridad ciudadana, por citar algunos). Asegurar salud mental en la población es asegurar ciudadanos funcionales en una sociedad. Como Estado, no atender el tema puede pasar una factura muy alta en un futuro no tan lejano; no sólo en términos de costos indirectos asociados a ello, sino en el estado general del bienestar subjetivo de los peruanos.

La complejidad que las políticas públicas en salud mental conllevan, al no ser un problema público fácilmente tangible, refieren a dificultades en el conocimiento del tema, en los prejuicios en torno a él, pero sobre todo en la cuantificación del problema; es decir en el conocimiento profundo de la demanda. Si a esta fórmula le sumamos una oferta limitada en cobertura, y un ordenamiento pendiente de la oferta psicoterapéutica[1], encontramos la aparente dificultad de escalar financiamiento para esta política pública esencial. Sin embargo, existen aristas adicionales a repensar, algunas de las cuales son expuestas debajo procurando continuar el debate a propósito de este 10 de octubre.

Avances sobre el Alcance Estatal

Como política pública, la reforma de la atención de servicios de salud mental ha venido evolucionando normativamente desde el 2004 en adelante, poniendo énfasis en la migración hacia un enfoque comunitario en los últimos años. Sin embargo, es sólo desde el 2015 que dicha política cuenta con una línea específica de financiamiento a través del programa presupuestal 0131 de rectoría del MINSA, que generó una asignación inicial de recursos de S/ 68 millones dicho año; el cual llega a S/ 350 millones como PIA para este año fiscal, en los niveles de gobierno nacional y regional [2]. Este incremento de más de 300% en seis años, constituye sólo cerca del 2% del presupuesto de todo el sector salud; mientras que en países OECD el rango oscila entre el 5% y el 18% del presupuesto[3]. A la fecha, la apuesta principal del sector se ha instalado en la ampliación y sostenibilidad de los 154 Centros de Salud Mental Comunitarios, y en afinar el modelo de Hogares Refugio (11 actualmente), que termine de desinstalar el enfoque caduco manicomial de antaño. Sin embargo, en términos de alcance estatal, el estado del arte no sólo pasa por tener una idea del financiamiento y de los modelos de servicio y su cobertura, sino también en la arquitectura institucional de quienes operan el sistema. A nivel nacional, la rectoría la opera una Dirección Ejecutiva (debajo de una Dirección General), con un número de personal bastante limitado tanto a nivel de sede central como en territorio, que considerando la magnitud de las operaciones y logística que debe desplegarse en el país, resulta inverosímil en un contexto nacional que exige niveles de contención emocional sin precedentes.

Retos y apuestas pendientes

Como primer reto cabe señalar que cae de maduro la urgencia de contar con una línea de base, una suerte de encuesta nacional especializada, que aborde temas específicos con inferencia regional, que permita conocer en profundidad la demanda para diseñar mejores políticas y mejorar criterios de focalización. Esto permitiría darle al Ejecutivo mejores elementos para construir presupuestos con una visión estratégica y de sostenibilidad a mediano plazo; así como optimizar focalización de nueva infraestructura para estos servicios. Un segundo reto es la implementación de una historia clínica ad hoc para salud mental, como existe en países que toman la salud mental como una de sus prioridades, que mida no solo cobertura sino indicadores más útiles que los actuales, con una mirada particular en la prevención, y que facilite trazabilidad para el análisis de la calidad del gasto en los servicios de salud mental. Un tercer reto es potenciar la arquitectura institucional que haría esto posible: ¿la iniciativa de instalar un VM vendrá del Ejecutivo o del Legislativo? Parece que dado el contexto continúa siendo un debate pendiente. ¿Cómo seguir dándole peso político a la salud mental con un escenario tan reducido? Retos adicionales contemplan aspectos técnicos de largo aliento, pero no por ello menos importantes, como revisión de los métodos de pago.

Vigilancia epidemiológica del bienestar subjetivo

Finalmente, y retomando una de las ideas iniciales expuestas: Asegurar salud mental en la población es asegurar ciudadanos funcionales en una sociedad. Los espacios físicos o simbólicos de salud mental son potenciales espacios naturales de triaje de todos los actores sociales financiados por el Estado para estar en contacto directo con la población. Invertir en políticas de salud mental no es sólo diseñar políticas para atender y prevenir trastornos severos o moderados, es considerar también cómo se aborda el malestar emocional cotidiano por todas las razones que esta pandemia ha develado, es identificar potenciales caldos de cultivo de desregulación emocional que puedan escalar en violencia de cualquier índole. Por esto, resulta más necesaria que nunca esta línea base de “vigilancia epidemiológica” de la salud mental y del bienestar subjetivo. No es inventar la pólvora, en otras latitudes ya se diseñan políticas tomando en cuenta estos marcos teóricos.

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[1] Considerando por ejemplo un mapeo estatal de espacios formativos, estándares de calidad de los mismos, marco legal ad hoc para el tratamiento psicoterapéutico, entre otros; nos encontramos con una realidad un tanto “huérfana” de “rector Estatal”.

[2] Consulta amigable en línea – Portal web MEF

[3] OECD Health Policy Studies: Making Mental Health Count. Extraído de https://www.oecd.org/els/health-systems/Focus-on-Health-Making-Mental-Health-Count.pdf