El boomerang del control de precios

17/05/20

En los últimos días diversos medios de comunicación vienen informando que algunos medicamentos como la hidroxicloroquina, azitromicina o aspirina habrían experimentado una supuesta alza de precios, pasando de costar S/ 3, S/ 1.3 y S/ 0.50 soles, respectivamente, a 80, 14 y 13 soles, respectivamente. Rápidamente la reacción del Legislativo no se hizo esperar, anunciándose medidas para controlar los precios de las medicinas.

Escuchar hablar de control de precios durante la pandemia no ha sido novedad. Hace dos meses se anunció que el Ministerio de Agricultura estaba elaborando una norma para controlar los precios de los alimentos de primera necesidad. Entre las razones que se brindó para intentar aplicar dicha medida se encontraba la subida del precio de, entre otros, el pollo. Pero, ¿el control de precios realmente habría funcionado para corregir el problema que se presentaba? Veamos.

Lo primero que debe hacer un gobierno ante la tentación populista de controlar precios es identificar en qué tipo de mercado se encuentra el producto o servicio cuyo precio se cree que debe ser “controlado”, es decir, si nos encontramos en un mercado competitivo o en uno que presenta fallas. En el primero existe un número indeterminado de empresas y consumidores, las empresas no fijan el precio sino lo hace el propio mercado (precio aceptantes), se vende un producto más o menos igual, las empresas pueden entrar a operar o dejar de operar cuando lo decidan (no hay barreras de entrada/salida), los consumidores y vendedores manejan la misma información sobre los productos (información simétrica), lo que conlleva a que ninguna empresa tenga poder de mercado, es decir, que no tengan capacidad para influir en los precios. En este tipo de mercados, la mejor forma de intervención del Estado es haciendo nada y el mercado buscará el equilibrio eficientemente.

Veámoslo con la pretendida justificación para controlar precios, a propósito de la subida del pollo que motivó el anuncio. ¿Por qué es que el gobierno no llegó a aplicar el control de precios? Pues, si bien hubo un incremento inicial del pollo, al dictarse las medidas de aislamiento y confinamiento, dejaron de operar los restaurantes y la mayoría de hoteles, quien son sus principales consumidores. Esto provocó la caída de la demanda, motivando un sobre stock de pollo, que luego se tradujo en una reducción sustancial del precio. El propio mercado neutralizó el eventual control de precio de manera eficiente.

En este tipo de mercados, si una empresa tiene una explosión de demanda por un determinado producto y ya no es posible producir más en el corto plazo, la empresa tenderá a subir el precio para evitar escasez. De igual manera, si la misma empresa pierde demanda de ese producto (por ejemplo, por medidas de confinamiento), lo que hará es bajar el precio para incentivar su consumo y evitar el sobre stock, que fue lo que ocurrió en nuestro ejemplo real.

¿Hace falta ser economista para entender que el control de precios genera más daño que beneficios? No, de hecho, muchos peruanos que no saben de teoría económica pero vivieron la experiencia de la década de los ochenta les son perfectamente conocidos los efectos nocivos del control de precios en un mercado competitivo, pues, saben que genera escasez, largas colas para comprar, disminución de calidad, generación de mercados secundarios informales (venden a un precio incluso más alto que el que había antes de la medida), entre otros, todo lo cual termina afectando más a la población que se pretende proteger, pues tendrán que comprar en el mercado negro a precios más altos, con menor calidad y mayor informalidad, que redunda en una menor recaudación del IGV y del impuesto a la renta, por lo que el gobierno dispondrá de menor capacidad para financiar el gasto público en beneficio de ese grupo vulnerable.

Dicha situación se agrava si se aplica el control de precios en un mercado con más del 70% de informalidad, indicativo de que por lo menos un 70% de las empresas no solo no hará caso a la medida, sino que al convertirse en un producto escaso, podrá ser vendido a un mayor precio que el que tenía, convirtiéndose en una medida estructuralmente ineficaz. Si queremos revisar experiencia reciente a nivel internacional, tenemos a Venezuela con el control de precios de primera necesidad que generó una profunda escasez; y, a la Argentina con la fijación del tipo de cambio, que generó un mercado informal de intercambio de divisas a precios distintos a los fijados por el gobierno.

Ahora bien, si el mercado presenta fallas que lo desequilibran (costos de transacción, externalidades, información asimétrica, monopolios o abusos de la posición de dominio, entre otros), puede justificarse la intervención estatal para restituirlo y buscar su eficiencia, a través de medidas que no impliquen el control de precios. La intervención debe estar orientada a eliminar o mitigar el fallo identificado en cada situación concreta. Incluso en los mercados regulados, la reducción o incremento de tarifas debe ser residual.

Las medicinas en el Perú se venden en un mercado en el que existen fallos, dado que un mismo grupo económico tiene una cuota de mercado cercana al 90%, con lo cual tiene poder de mercado. Sin embargo, como sabemos, el monopolio en sí mismo no está prohibido en nuestro país, solo el abuso de la posición de dominio, lo que es sancionado por el INDECOPI.

En el caso del incremento de los precios de los medicamentos que ayudan al tratamiento contra el COVID 19, fue aclarada por el representante del grupo empresarial, precisando que no se han incrementado los precios, sino que se han adquirido medicamentos de “marca” en lugar de “genéricos” debido a la escasez generada por la explosión de demanda (como ocurrió con el papel higiénico, ¿recuerdan?), pero que están reabasteciendo. Suena razonable. No obstante, la explicación no implica -como ya se dijo- que estén operando en un mercado con fallas. Siendo así, y tratándose de productos orientados a proteger la vida y salud de las personas, el Estado a través de los organismos estatales como INDECOPI o SUSALUD, debe estar vigilante para garantizar que la libre competencia y la calidad de los productos, sean óptimos.

Mientras más competencia exista, menos poder de mercado tendrán las empresas, por ello, es importante que el Estado fortalezca a la autoridad de competencia para que pueda identificar el abuso de la posición de dominio y pueda sancionarlo ejemplarmente. Es decir, se requieren medidas que robustezcan el músculo persecutor del estado en materia de competencia así como que la promuevan, como la eliminación de aranceles (barreras de entrada) realizada a mediados de marzo.

Finalmente, puede implementar otras como subsidios focalizados directamente al vendedor para que el precio de venta se reduzca en la proporción del subsidio, o a través de deducciones tributarias para el consumidor (lo que permitirá formalizar también). De esa manera la eficiencia del mercado no se ve afectada y el Estado puede ayudar de una mejor manera a las personas que no tienen suficientes recursos para adquirirlas.