Defender el Enfoque de Género y la Reforma Universitaria
18/02/2020
Durante los últimos años una coalición conservadora ha buscado dinamitar tanto al enfoque de género en la educación básica regular, como a la Ley Universitaria. Grupos como “Con mis hijos no te metas” han destinado ingentes recursos a desvirtuar, sin reparo a recurrir a mentiras y falacias, lo que han llamado “ideología de género”. En esta línea, el currículo nacional fue sometido a un largo proceso judicial luego de que en 2016 el colectivo conservador “Padres en Acción” presentara una demanda de acción popular. En primera instancia la Primera Sala Civil de la Corte de Lima la declaró fundada en parte, pero en julio de 2017 la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema del Poder Judicial declaró infundada la demanda en todos sus extremos.
El parlamento también intentó hacer su parte. En abril de 2019 se conformó la “Comisión Investigadora de las irregularidades en el proceso de elaboración, edición, revisión, adquisición y distribución de materiales educativos de la educación básica”, presidida por la ex Congresista fujimorista Milagros Salazar, que se dedicó a atacar a ex ministros (con excepción de Idel Vexler, con quien seguramente simpatizaba) y funcionarios del Ministerio de Educación. Quizás lo más recordado de esta comisión fue el bochornoso incidente que protagonizó Salazar con dos funcionarias a quienes maltrató y no dejó hablar. La Comisión presentó un informe en julio de 2019 que entre sus conclusiones señaló que los textos escolares contenían errores desde tipográficos y pedagógicos, “hasta contenidos inapropiados de naturaleza sexual o ideológica” (sic).
Estos deslucidos intentos de frenar los avances en materia de igualdad de género no cesaron y tuvieron presencia en las elecciones congresales de 2020. Cómo olvidar a Rosa Bartra, candidata por Solidaridad Nacional, insistiendo en que el gobierno propiciaba la “hipersexualidad” de los niños y los estimulaba a utilizar “objetos sexuales” con “navajas y tornillos”.
El otro aspecto sometido a ataque permanente ha sido la Ley Universitaria, aprobada en 2014 en medio de un intenso debate que logró capear ataques e intereses de poderosos grupos económicos. Ni bien fue aprobada la Ley, se presentaron diversas demandas de inconstitucionalidad. A fines de 2015 el Tribunal Constitucional declaró infundadas las demandas, entre las cuales estaba la presentada por un grupo de congresistas que designó como apoderada a Martha Chávez. La sentencia solo tuvo el voto en contra (¿a alguien le sorprende?) de Ernesto Blume y José Luis Sardón.
A pesar de todos los intentos de tumbarse a la Ley 30220 y a la SUNEDU, el único cambio que pudo aprobar el parlamento 2016-2019 fue a través de la Ley 30697, que amplió la edad máxima para ejercer la docencia en la universidad pública hasta los 75 años. Sin embargo, la sombra de la llamada “Ley Cotillo” (referida a un proyecto impulsado por un grupo de rectores rebeldes a la Ley, encabezado por Pedro Cotillo, ex rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos) se mantuvo durante todo el periodo. Quizás la mayor amenaza fue el Proyecto de Ley 00469/2016-CR, presentado por Javier Velásquez Quesquén, que buscaba modificar todo el capítulo referido a la SUNEDU, con lo cual, en la práctica, la reforma universitaria quedaba herida de muerte.
El nuevo parlamento tendrá enormes retos y responsabilidades. Los reflectores están ahora en la reforma política, pero sin duda el enfoque de género y la Ley Universitaria seguirán estando en la mira de grupos conservadores y de poderosos intereses económicos, por lo que no cabe bajar la guardia.