Contexto de los desafíos de las nuevas autoridades regionales y locales desde el 2023

5/9/2022

Mientras hay movimiento respecto al relacionamiento político en el Poder Ejecutivo (o Gobierno Nacional) y el Poder Legislativo, con aspectos asociados a la victimización y acusaciones de corrupción desde un lado y desde el otro con el control político a ministros (interpelaciones), posturas sobre adelanto de elecciones y proyecciones de vacancia; se tiene en curso un proceso de elecciones regionales y municipales a nivel nacional que en este mes de setiembre 2022 debe tomar una ruta de alta intensidad.

Ante dicha situación, es importante poner los reflectores en lo que esta pasando en el mundo político regional y local, pues allí tendremos miles de autoridades políticas nuevas desde el próximo 02 de octubre, donde elegiremos a mas de 1800 alcaldes(as) con sus respectivos regidores(as) y 26 gobernadores(as) regionales y sus consejeros(as) (en este último caso si no pasan mas del 30% de votación, habría segunda vuelta); donde la preocupación estará en que dichas nuevas autoridades se someterán a un contexto de gestión pública nunca antes visto, por la situación de pandemia, la vulnerabilidad social, la inseguridad ciudadana, la inflación, la necesidad de reactivación económica, entre otros; lo cual requerirá de un aumento en la capacidad de gestión y de relacionamiento institucional a nivel interinstitucional, intersectorial, multiosectorial e intergubernamental.

Otro aspecto relevante que hará compleja la gestión descentralizada a nivel local y regional, es que dichos niveles de gobierno cuando empiecen este nuevo ciclón gubernamental, deberán moverse en este 2023 no solo en un contexto político nacional complicado; sino en un contexto retador importante de movilizar 34,2% del presupuesto público para el 2023 (donde GRs tendrán a cargo 42,278 millones y los GLs un total de 29,797 millones; de los 214.8 mil millones de soles previstos para el 2023, según lo expuesto en el Congreso por Ministro de Economía y Finanzas); lo cual representa para el 2023, un presupuesto regional mayor en 16,4% y un presupuesto local mayor en 38, 1%, respecto al 2022. Nuevamente en este contexto, se requerirá aumentar la capacidad de gestión en términos de desempeño institucional a nivel de eficacia, eficiencia y calidad en la entrega de servicios públicos en procura de realizar intervenciones con calidad de gasto publico.

En función a los abordajes mencionados, se convierte en algo de vital importancia, lo que pase en los próximos 4 años en la gestión regional y local, para que desde dicho espacio de gestión política, gestión estratégica y gestión operativa se recupere la confianza y la legitimidad por parte de la población; para ello debemos empezar por elegir buenas candidaturas que representen a la sociedad dentro del gobierno, pero también sera importante que dichas candidaturas una vez elegidas se preocupen por trabajar con equipos técnicos y de confianza para llevar a cabo rápidamente sus propuestas y también para dar continuidad a lo bueno que encuentren encaminado para ir reduciendo brechas en la atención de necesidades ciudadanas y generar credibilidad institucional en la población.

Para complementar lo antes descrito, es preciso subrayar el imperioso despliegue que se tendrá que realizar desde el Gobierno Nacional para dotar de mayor capacidad de gestión a los gobiernos regionales y locales; a partir de que cada uno de los Ministerios con competencias compartidas, proporcionen asistencia técnica de manera multifacética de acuerdo a la diversidad territorial y social que tenemos en el país potenciando la gestión regional y local, según corresponda; pero ademas se tiene que complementar ello, con un desarrollo descentralizado de los sistemas administrativos vitales para movilizar la eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos a nivel descentralizado.

Un dato final pero no menos importante, es la atención que debemos poner como sociedad a la aplicación de la integridad en la gestión regional y local; que lo hemos visto muchas veces reducido por los casos de corrupción que de manera frecuente longitudinalmente en estos 20 años de descentralización se han presentado, por algunas malas autoridades que hemos tenido a nivel de Gobernadores y Alcaldes (varios de ellos presos, con sentencias, con prisiones preventivas recientemente e investigados por actos de corrupción) y con repercusiones con ciertas instancias del gobierno nacional; en ese contexto la vigilancia social, el control social, la fiscalización congresal y de los consejos regionales y locales; deben activar una forma de gestión que permita aumentar la integridad en el marco de una frontal lucha contra la corrupción dentro del Estado, lo cual nos permitirá aumentar la disponibilidad de recursos públicos (por evitar que haya recursos que se vayan en la corrupción) y con ello también potenciar la calidad de la capacidad de gestión en un contexto de alto nivel de gobierno que requerimos en este nuevo período lleno de desafíos desde la gestión descentralizada. No debemos tolerar más que alguien haga cosas buenas de gestión aunque sea corrupto; por el contrario, debemos alentar a que hayan más autoridades que hagan una gestión de calidad con alta integridad.