Comentario sobre la coyuntura política peruana
02/10/2019
Nunca emití en medios o redes sociales una opinión favorable a la disolución del Congreso. No creo, cuando menos en principio, que una disolución del Congreso sea algo que merezca celebrarse.
Tampoco será un lego en derecho como yo quien dirima las diferencias entre constitucionalistas sobre la legalidad de esta disolución. Aunque sí diré, sobre esto último, que no tiene ningún sentido someter a votación en un proceso apresurado, opaco y politizado la elección de magistrados del Tribunal Constitucional en la mañana, para luego en la tarde dar por “aprobada” una Cuestión de Confianza cuyo único propósito era evitar una elección apresurada, opaca y politizada de magistrados del Tribunal Constitucional (seis de los cuales, por añadidura, acumulan 16 denuncias abiertas, tanto civiles como penales).
Dicho lo cual, no creo que tenga ningún asidero la comparación entre lo que acaba de ocurrir y el Golpe de Estado de Fujimori el 5 de abril de 1992. La Constitución que el propio Fujimori hizo aprobar permite disolver el Congreso cuando se niega en dos ocasiones Cuestiones de Confianza planteadas por el Ejecutivo. Cabe discutir si eso, en efecto, ocurrió en esta ocasión, pero no cabe discusión alguna sobre el carácter inconstitucional del golpe del 5 de abril del 92.
¿Quién podría eventualmente dirimir la constitucionalidad de la decisión de Vizcarra? Presumo que un Tribunal Constitucional que él no eligió y que, a diferencia de lo que ocurrió con el Tribunal de Garantías Constitucionales en 1992, su gobierno no disolvió. Tampoco cerró el local del Congreso con tanques, puso bajo arresto al presidente del Congreso, intervino los medios de comunicación, el Poder Judicial o el Ministerio Público, como hizo Fujimori en 1992. Y dará salida a esta crisis como establece la Constitución: convocando para dentro de cuatro meses a nuevas elecciones parlamentarias, reguladas por autoridades electorales que tampoco han sido intervenidas. Mientras tanto, seguirá sesionando la Comisión Permanente del Congreso disuelto, de mayoría fujimorista.
Siempre consideraré preferible una salida negociada antes que una por la vía de los hechos ante una crisis como esta. Pero PPK no sólo buscó negociar: incluso rezó de rodillas junto con Keiko Fujimori bajo la mediación del Cardenal Cipriani, para luego verse forzado a renunciar tras dos intentos de vacancia (motivados por conflictos de interés en su relación con Odebrecht, mientras, como estamos descubriendo, esta sobornó o financió la campaña de algunos de los congresistas que protagonizaron esos intentos de vacancia).
Martín Vizcarra, según la propia Keiko Fujimori, también negoció temas de la agenda gubernamental con el fujimorismo, sólo para ver como un Congreso en el que esa fuerza era mayoría intentaba coactar su libertad de acción aprobando normas (sobre publicidad estatal y la propia Cuestión de Confianza), que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales. Hace sólo unos días hubo un nuevo intento de negociación, que concluyó cuando la comisión que preside Rosa Bartra archivó el pedido de adelanto de elecciones sin permitir que se discutiera en el pleno del Congreso.
Un Congreso que, por lo demás, blindó a congresistas como Edwin Donayre e intentó blindar a los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, al fiscal Chávarry y al juez Hinostroza. Trató de impedir que la SBS supervisara a cooperativas de crédito que, según investigaciones periodísticas, blanquean dinero del narcotráfico. Intentaba traerse abajo a la Sunedu para proteger universidades que son (literalmente) pura fachada, y de las que son accionistas algunos de sus integrantes. Y que, entre otras muchas cosas, quería traerse abajo el acuerdo con Odebrecht porque, como viene revelando Jorge Barata, parte de sus miembros recibieron dinero de esa empresa.
Que el fujimorismo, que sigue reivindicando sin ambages el golpe de Estado del 1992, se rasgue ahora las vestiduras en presunta defensa de la Constitución (mientras, simultáneamente, intenta destituir a Vizcarra sin mediar un juicio político o contar con los 87 votos que demanda esa misma Constitución), es francamente risible.