Agua y Saneamiento: hacia empresas sostenibles y de alto desempeño
La decisión de transferir la propiedad de las empresas de agua potable a las municipalidades, que se tomó a principio de los 90 con motivaciones políticas, fue un error grave que ha costado mucho a la población de nuestras provincias en términos de salud, calidad de vida y desarrollo. Debemos evitar que la política decida otra vez el futuro de los servicios públicos.
Las empresas de agua y saneamiento sostenibles y de mejor desempeño en el mundo son autónomas, tienen un tamaño adecuado para aprovechar economías de escala, rinden cuentas externa e internamente y están orientadas al cliente y a los resultados. Es muy difícil lograr estos atributos cuando las autoridades encargadas de otorgar los derechos de explotación y velar por una prestación adecuada son además accionistas de las propias prestadoras y pretenden influir en decisiones comerciales, administrativas o hasta técnicas.
Algo ya se ha avanzado. Después de casi 25 años en los que la injerencia política y la atomización de las prestadoras (tenemos 50 solo en el ámbito urbano sin considerar pequeñas ciudades) aceleraban el deterioro de la calidad de los servicios, surgieron hace algunos años el OTASS, la evaluación de desempeño de las empresas –ahora a cargo de SUNASS- y el Régimen de Apoyo Transitorio (RAT). Cuando las empresas no logran una prestación y gestión sostenibles o tienen un mal desempeño financiero se puede implantar el RAT, que suspende las facultades y atribuciones de los accionistas, y desarrollar un esquema de gestión alternativo hasta lograr el reflotamiento empresarial.
Las empresas en RAT están siendo manejadas con mayor criterio técnico, están incrementando gradualmente la micro medición y reduciendo pérdidas, aplican las tarifas aprobadas, desarrollan planes de reflotamiento y pueden decidir integrarse y/o tercerizar actividades. Podemos tal vez criticar el alto número de empresas que han ingresado a RAT simultáneamente, y algunas demoras en alcanzar resultados tangibles para la población, pero la tendencia decreciente en indicadores de la prestación y el deterioro financiero se han detenido y es posible nuevamente tener alguna esperanza.
No obstante, en algunas provincias en las que más se está avanzando, como Ica, Moquegua o Moyobamba, empiezan a surgir iniciativas politizadas que para buscar el retorno del control a las municipalidades cuando aún el esfuerzo de reflotamiento está empezando. Estos movimientos aprovechan los eventuales incrementos tarifarios (que responden al esquema regulatorio y no dependen de la presencia o no de OTASS), o los desajustes iniciales de los programas de micro-medición, o una ya desmentida intención de privatizar las empresas, para reclamar la reversión del RAT, el retiro de OTASS y el regreso inmediato de las municipalidades como accionistas.
No podemos permitir que esto ocurra. Dado que por la alta complejidad político-social inherente y otros riesgos no es posible hacer concesiones de agua potable y alcantarillado, lo mínimo que podemos hacer es asegurar el manejo técnico de las empresas, implantar un modelo de buen gobierno corporativo y buscar gradualmente la integración para alcanzar economías de escala. Y complementar lo anterior con contratos BOT para la infraestructura principal.
Ello exige no dejar solos a los directivos que están reflotando las empresas. Los altos funcionarios del Gobierno, las autoridades regionales y locales responsables, los partidos, los analistas económicos y políticos y los interesados en la mejora sostenida de los servicios públicos tenemos que expresarnos y dar la pelea en todos los espacios posibles.
El agua no se va a privatizar. Pero tenemos que pagarla. Y hay una forma adecuada de gestionar las empresas y los servicios que necesariamente es independiente de consideraciones políticas. Lo demás es oportunismo o demagogia.