Agua y saneamiento en el Perú: ¿a dónde vamos?
10/07/2019
(Parte 1)
Las estadísticas oficiales muestran que no se ha ampliado significativamente la cobertura en agua y saneamiento en los últimos años y ya nadie cree se cumplirá la meta de alcanzar cobertura universal este quinquenio. Sin embargo, a tropezones como en el fútbol, en algunas cosas vamos avanzando. Y si nos enfocamos en algunas medidas, podemos tener el 2021 un sector bien posicionado para alcanzar el sexto objetivo de desarrollo sostenible [1] el año 2030.
Presentamos algunos aspectos positivos y retos, desarrollando en este artículo los referidos al ámbito urbano.
Los aspectos positivos
El sector ha ido haciendo algunos progresos:
- Política Nacional de Saneamiento
Incluye como objetivo principal alcanzar el acceso universal, de calidad y sostenible a los servicios y plantea 6 ejes de política: acceso, sostenibilidad financiera, fortalecimiento de los prestadores, optimización de las soluciones técnicas, articulación de los actores y valoración de los servicios.
- Evaluación de los prestadores con posibilidad de intervención
El mal desempeño tiene consecuencias para las empresas prestadoras municipales, las que pueden ser intervenidas por OTASS suspendiéndose las facultades de sus Juntas de Accionistas y Directorios.
- Gobierno Corporativo
La evolución del marco legal ha generado mejoras en gobierno corporativo incluyendo el régimen societario y la composición de los directorios, los que cada vez tienen menor componente político.
- Aspectos ambientales
Retribución por servicios eco-sistémicos, comercialización de aguas residuales, regulación de VMAs, entre otros.
Los retos y propuestas
- Ámbito rural
Es el mayor y principal reto. No está tratado de manera específica en la Política Nacional y por su naturaleza y por las grandes brechas en cobertura y calidad, a nivel absoluto y respecto del ámbito urbano, debe merecer una atención especial del Gobierno. La problemática rural será tratada íntegramente en el siguiente artículo.
- Eficiencia y eficacia para realizar inversiones
La ejecución presupuestal es muy baja, hay interferencias entre los diferentes niveles de Gobierno, mala calidad de expedientes, revisiones redundantes, falta de supervisión adecuada, entre otros problemas. Esto demanda una revisión general del esquema de diseño y ejecución de los proyectos.
- Empresas prestadoras
Las EPS deben empezar a funcionar con autonomía asumiendo íntegramente sus responsabilidades financieras y sujetándose a la regulación.
El apoyo del nivel central debe estar centrado en:
I) saneamiento financiero para permitir el endeudamiento garantizado con flujos;
II) financiamiento de la elaboración de un máster plan eficiente y de gran nivel técnico;
III) aprobación (SUNASS) de la tarifa requerida para alcanzar acceso universal el 2030 reconociendo las inversiones del máster plan, pero también imponiendo una reducción exigente del nivel de pérdidas.
IV) implantación de las tarifas;
V) apoyo a las empresas en el diseño y ejecución de las inversiones a través de esquemas de Project Management Office o similares.
VI) apoyo a las empresas para tercerizar adecuadamente la gestión, al menos comercial y del mantenimiento.
VII) Cofinanciamiento de la inversión en tratamiento de aguas residuales mejorando los procesos BOT como se indica a continuación.
- Los procesos de APP
Hay iniciativas privadas cofinanciadas en proceso y proyectos en diferentes niveles de avance que implican inversiones que suman más de 2,000 millones de dólares.
El problema es que toman varios años hasta la adjudicación. Y hay un alto costo de formulación que debe afrontar la empresa cuando aún no tiene derechos sobre el proyecto, riesgo difícil de asumir.
Esto se puede resolver, aprovechando el aprendizaje, desarrollando procesos por iniciativa estatal para paquetes de proyectos de infraestructura (PTARs, PTAPs).
Como ejemplo, cada convocatoria anual para PTARs podría establecer un caudal total (m3/segundo) de tratamiento y disposición final o reúso, y una lista de lugares en los que se aceptarán proyectos.
Se estructura una transacción general y se publica un contrato tipo (ajustando el de las PTARs de Puno por ejemplo) y se hace competir a los postores por tarifa monómica garantizada (US$/m3) adjudicándose los proyectos hasta cubrir la disponibilidad de financiamiento, independientemente del lugar y la escala. La tarifa para las eventuales inversiones complementarias (redes y otros) queda sujeta a regulación por SUNASS durante el contrato.
Lo anterior permitiría reducir el plazo de adjudicación entre año y medio o dos años, incrementaría la competencia e incentivaría la participación más comprometida de los postores dado que ingresan a desarrollar los estudios ya con un proyecto adjudicado.
Para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible el 2030, hagamos funcionar nuestras EPS como empresas, mejoremos la inversión pública y las APP y relancemos la política y las intervenciones sostenibles para el ámbito rural.
[1] “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”