Acercando lo público y privado
12/11/2019
El pueblo latinoamericano no cesa su marcha. La renuncia de Evo Morales en Bolivia es la última ficha en un dominó político que no discriminan entre derecha e izquierda. La base de la protesta es legítima: la reivindicación social y democrática.
El problema latinoamericano no es reciente. Las instituciones atraviesan una crisis de confianza en la región hace décadas (Latinobarómetro 1995-2018). Esto incluye, especialmente, al sector público y privado. La ineficiencia en la prestación de servicios públicos, la corrupción sistémica, la indiferencia con el entorno y la comunidad. Todo ha sumado al divorcio con la gente.
La crisis de institucionalidad del Estado y de la actividad privada hace inviable cualquier sistema democrático. Son las instituciones las que dotan de la legitimidad que todo sistema requiere. Sin legitimidad, todo gobierno colapsa.
Es por eso que Estado y empresa privada deben trabajar para ganar la confianza de sus ciudadanos. Para el Estado es esencial concentrarse en la prestación eficiente de servicios básicos como educación, salud y seguridad. Nadie espera milagros, pero sí mucho trabajo honesto. El problema no son las leyes, necesitamos gestión sin corrupción.
En el caso de la empresa privada pasa algo similar. La gente espera honestidad y más compromiso con el entorno y la comunidad. La prestación de bienes y servicios orientada en la persona, sea como consumidor, vecino, cliente, empleado o proveedor. Pero también se espera que ejerza un rol social mayor. Puede incluir filantropía, pero también mucho más: empleo digno, igualdad de género, respeto al medio ambiente y la contribución a la política pública.
En el esfuerzo para ganar legitimidad es clave fomentar el trabajo conjunto en objetivos compartidos. Para ello es necesario que ambas partes se entiendan, con base en pautas precisas: transparencia e integridad, objetivos claros, diferenciación de roles, sostenibilidad de las propuestas, accountability o rendición de cuentas. Este trabajo conjunto puede ser directo o catalizado por socios estratégicos.
Sobre la transparencia e integridad: La asociación pública y privada debe darse en un marco de total claridad y toda información debe estar al alcance de la ciudanía. Cualquier interacción debe respetar los lineamientos de integridad de cada institución. La relación debe ser íntegra en fondo, forma y debe respetar la prioridad de la política pública. El norte es el ciudadano y la prestación de servicios.
Respecto a objetivos claros: La participación del Estado en alianza con el sector privado debe enmarcarse en las políticas públicas priorizadas (incluso para mejorarlas). No se requieren normas, se requiere claridad en la gestión. Para hacer eficientes estas alianzas, el Estado debe ser orientador y articulador, concentrando los esfuerzos privados. Así, se alinean las expectativas y se concentra el impacto de las medidas. De no hacerlo, las intervenciones no son eficientes o no se orientan a los intereses más relevantes para el Estado.
De la diferenciación de roles: Debemos comprender que somos distintos. Cada cuál orientado por políticas y principios distintos. El estado puede hacer todo aquello que la ley le faculta (y el OCI no sanciona), mientras que el privado todo aquellos que no está prohibido. Esta diferencia es clave y debe entenderse para plantear tiempos, criterios, indicadores de gestión, consideraciones políticas y técnicas, para cada iniciativa. Cada quién debe ocuparse de aquello donde tiene ventajas comparativas. El Estado tiene un rol especial allí dónde es rector. El sector privado donde puede facilitar experiencia y gestión.
Sobre la sostenibilidad de propuestas: Las propuestas tienen que formar parte o incorporarse a una política pública. Incluso, pueden generarse pilotos para mejorar una política o incorporar mejores prácticas. Son viables también acciones tácticas, en tanto sean accesorias a una política pública. El Estado debe procurar el cambio de conductas y hábitos e incorporar capacidades. Eso lo hace sostenible y no dependiente de terceros.
De la rendición de cuentas o accountability: El sector privado y público deben rendir cuenta de los resultados del trabajo conjunto. Deben precisar si se lograron los objetivos para su incorporación a la política pública. De lo contrario, se modifica la iniciativa y se reformula la metodología.
De los socios estratégicos: Las partes deben reconocer que existen terceros expertos que pueden catalizar las iniciativas. Son socios ideales como la academia, organizaciones no gubernamentales e incluso la pequeña y microempresa. Estos socios, además, dotan de legitimidad social las iniciativas.
Estos criterios son orientadores. No se trata de privatizar la gestión. Se trata de asociarse si existen oportunidades para potenciar la política pública. Los beneficios deben recaer exclusivamente en los ciudadanos.
Dotando de legitimidad a las instituciones, el sistema democrático se fortalece. Necesitamos trabajar juntos para que el país prospere y los beneficios del sistema alcancen a los peruanos que más lo necesitan. Que la ola democrática y social sirvan para reorientar nuestro rumbo. No es posible mantener la disociación pública y privada. Retomemos la confianza.