Transferencias y otros instrumentos de política pública redistributiva en épocas de crisis: no esperemos que sean perfectos

22/04/2020

Es necesario tener en cuenta el contexto y las condiciones de base para evaluar las medidas que el Gobierno está tomando para paliar los graves efectos de la crisis Coronavirus en la economía de las familias desfavorecidas. Pedir perfección puede atentar contra el objetivo. La pertinencia, la oportunidad y la adaptabilidad son los atributos que deben tener estos instrumentos para alcanzar un adecuado nivel de efectividad en épocas de crisis.

Políticas públicas redistributivas
Las políticas públicas redistributivas son aquellas que buscan transferir recursos (ingresos o riqueza) de un grupo a otro dentro de la sociedad. Su objetivo es mejorar el nivel de bienestar de las familias de bajos ingresos.

Los instrumentos de política redistributiva (subsidios, transferencias o ventajas tributarias) se dirigen a la oferta si favorecen la producción de ciertos bienes o servicios para hacerlos accesibles o para incentivar determinado patrón de consumo. El financiamiento de obras de agua potable rural por el Estado, sin incluir una retribución por la inversión en la tarifa, es un ejemplo.

También pueden estar dirigidos a la demanda. En este caso buscan mejorar el consumo o la capacidad de adquisición de bienes y servicios de determinado segmento de la población. El bono con el que los grupos familiares beneficiarios pagan parte del costo de la vivienda en el programa Techo Propio, constituye un subsidio a la demanda, aún cuando operativamente los recursos van directamente del Estado a los promotores inmobiliarios.

Las transferencias directas también son instrumentos de política redistributiva orientados a la demanda. Pueden ser en efectivo o en especies y ser condicionadas (como las del programa Juntos asociadas a controles prenatales de madres gestantes, controles de crecimiento y desarrollo de niños y matrícula escolar) o no condicionadas.

Los Bonos para la emergencia y sus dificultades

La situación generada por el Conavirus determinó una acción inmediata del Estado para paliar los graves efectos en la condición económica de los hogares vulnerables, a través de la aprobación del bono excepcional de 380 soles para hogares urbanos en condición de pobreza o pobreza extrema. Este beneficio un subsidio monetario a la demanda.

El bono fue ampliado por el mismo monto al prorrogarse la cuarentena y luego extendido a los independientes. Y, recientemente, se ha aprobado el bono de 760 soles para hogares rurales pobres y pobres extremos. A estos subsidios, se añade la entrega de canastas de alimentos básicos distribuidas por los municipios con financiamiento del Gobierno Central.

La concreción de estas medidas no ha estado exenta de dificultades. En el caso de los bonos ha habido sub-coberturas (familias no incluidas en padrones a pesar de cumplir condiciones establecidas), filtraciones (familias incluidas sin requerirlo, algunas de las cuales han decidido no cobrar el bono) y dificultades operativas en las transferencias (colas). También se han presentado casos de aprovechamiento político y corrupción en la entrega de víveres a cargo de algunos gobiernos locales.

No obstante, el gobierno ha adoptado medidas correctivas cada vez que se han identificado debilidades y podemos decir que los instrumentos van alcanzando un razonable nivel de efectividad especialmente si se tiene en cuenta la complejidad de la situación, las condiciones de partida en cuanto a la información disponible sobre los potenciales beneficiarios y la disponibilidad de tiempo y de recursos humanos.

De hecho, en el análisis de políticas públicas, se distingue criterios y herramientas en la evaluación de la formulación, implantación e impacto según el horizonte de las medidas.
Así, no es lo mismo evaluar medidas de largo que de corto plazo, y menos aún políticas para manejo de crisis. En este último caso, la oportunidad, la eficacia y la adaptabilidad, son los atributos relevantes, porque aseguran un nivel razonable de efectividad. Teniendo en cuenta ello, los instrumentos que se han aprobado han sido probablemente de lo mejor que se ha podido hacer y con seguridad están beneficiando a muchas familias necesitadas y controlando temporalmente el riesgo de convulsión social.

¿Como apoyamos?
Podemos ayudar a resolver algunos de los problemas que pueden existir en las transferencias. Por ejemplo, identificando y apoyando a familias en situación crítica con las que tengamos alguna relación o contacto que no hayan sido beneficiadas. O dejando de cobrar subsidios que no nos corresponden.

Ello no significa que debamos abdicar de la evaluación rigurosa de las políticas públicas, en particular de las redistributivas. Podemos discutir, por ejemplo, en algún momento, qué ajustes hacer al bono verde del programa Mivivienda para que impacte realmente de manera favorable en la sostenibilidad ambiental, o cómo implantar un subsidio a la demanda en el agua y saneamiento rural. O también ir viendo cómo van las filtraciones en programas como Pensión 65.