El enfoque de ciclo de vida en el sector educación
13/01/2020
Por Rubén Cano
A partir de que se constituyera el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) a inicios de la segunda década de este siglo, se tuvo la oportunidad de implementar un modelo de gestión multisectorial que se basaba en el enfoque de ciclo de vida, que permitía incidir, con un programa social específico, en cada una de las etapas de la vida de un individuo en situación vulnerable. De esta manera, no sólo se veía la vida de un ciudadano bajo la estructura de un flujograma de procesos, sino que ello permitía también definir una intervención multisectorial por cada una de las etapas definidas.
Este fue uno de los efectos que generó contar con un ministerio como el MIDIS, con una incidencia transversal para sectores como Educación o Salud, por ejemplo. Así, las diferentes instituciones del Estado podían establecer en conjunto políticas específicas para una determinada etapa, buscando generar efectos en etapas posteriores que, en este caso, representan generaciones posteriores de ciudadanos, con un impacto directo en los indicadores de desarrollo del país.
En ese sentido, por ejemplo, el programa Cuna Más se enfocaba en asegurar guarderías comunitarias para niños en etapa pre escolar para poder lograr que las madres de familias más vulnerables pudieran optar por mantener la disponibilidad de trabajar y así generar un mayor sustento del hogar. Q’ali Warma buscaba asegurar la alimentación gratuita en el colegio además de incentivar la asistencia a clases en la educación básica. Por otro lado, el programa Juntos se complementaba con esta estructura e involucraba una subvención económica a la familia que se aseguraba de llevar al niño a sus controles en los establecimientos públicos de salud además de asegurar la asistencia al colegio, donde podía ahorrarse la alimentación y desincentivar la deserción escolar y el trabajo infantil. De esta manera se resolvían eficientemente y al mismo tiempo varias brechas de impacto directo en el desarrollo de la población.
Sería ideal que este modelo se pueda replicar ya en otros sectores de manera específica. Por ejemplo, en Educación, donde las políticas públicas no se intervienen tal cuál es el flujograma de procesos de la vida estudiantil de un ciudadano, esto es a través de la educación básica y la educación superior como un solo proceso continuo y no como estancos desvinculados y desarticulados. El perfil del estudiante que salga de la educación básica debe cumplir con las condiciones mínimas para poder optar por las mismas oportunidades y exigencias que cualquier ciudadano, y así continuar los estudios superiores por el camino que escoja: educación universitaria, tecnológica, pedagógica, artística o técnica. Y para ello la educación superior debería asegurar la oferta necesaria para atender la vocación de cualquier estudiante, tanto a nivel público como privado. Esto implicaría, por ejemplo, la idea de considerar un cambio en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del ministerio para darle peso viceministerial tanto a la educación básica como a la superior.
En otros países, la pirámide de educación superior tiene como base de mayor acogida a los institutos tecnológicos, pedagógicos o artísticos, además de los centros técnicos. La oferta es amplia y si un estudiante quiere optar por ser un investigador acerca de algún problema social, económico o político o un soldador para infraestructura marina, un panadero artesanal o un zapatero exclusivo, es igual de legítimo. En el Perú, la idea aspiracional de la universidad se ha traslapado a la estructura económica y ha generado una distorsión perversa: aumento en la demanda, por un lado; y aumento en la oferta que disminuye sus costos y, por ende, la calidad. Con ello, el sentido lucrativo de la educación superior disminuye los filtros y vende una falsa idea de excelencia en la educación universitaria.
El impacto multigeneracional
Para poder analizar el impacto que podría generar crear un viceministerio de educación básica y un viceministerio de educación superior –ámbitos que actualmente tienen el peso de una dirección general–, podríamos hacer el ejercicio de analizar algunos indicadores globales. En relación con ello, los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) –las que miden las competencias en lectura, matemáticas y ciencias en niños de quince años de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) e invitados, como el caso del Perú-, son alentadores. No solo porque vamos saliendo de la cola sino también porque nuestro país es el que presenta el ritmo más acelerado de avance en la región en los últimos diez años, lo que augura una posición más expectante en las próximas pruebas -estamos a un paso de superar a Argentina y alcanzar a Colombia o Costa Rica-, lo que asegura un nivel de ajuste en las capacidades de la generación de adultos de la década del 2040.
En lo que no hemos salido muy bien es en el Programa para la Evaluación Internacional de Competencias de Adultos (PIAAC) –las que analizan las competencias en lectura, matemáticas e informática de adultos entre 16 y 65 años-, en las que el grupo por encima de los 35 está bastante por debajo del estándar latinoamericano.
Si analizamos el gasto público en educación por estudiante en los últimos años en todos los niveles educativos, nos daremos cuenta de ciertas correspondencias. Mientras que en la década de los noventa este valor se mantuvo casi congelado y a niveles de los años cincuenta –los más bajos del siglo XX–; a partir del año 2001 se inició un crecimiento ininterrumpido que, para mediados de la década del 2010, superó inclusive los niveles más altos de gasto en este rubro que habíamos alcanzado en nuestra historia republicana, aquellos que no se habían visto desde mediados de los años sesenta.
Puede que no sea el único factor, pero son notorios los efectos que generó la austeridad de los años noventa en el gasto público de educación en los adultos que han rendido la prueba PIAAC. Nuestra actual población económicamente activa es la generación en la que menos se invirtió en educación desde 1950. Vamos entendiendo todo. En contraposición a ello, los estudiantes medidos recientemente por la prueba PISA son los que han recibido la mayor inversión por estudiante en lo que va de la historia del Perú y serán la fuerza productiva de nuestro país en la década del 2040. Y eso va en tendencia hacia arriba.
Ahora bien, eso no quiere decir que las generaciones previas a la década del 2040 ya estén perdidas. Lo que no se pudo avanzar en la educación básica para estas generaciones se debería regularizar con la educación superior, que resulta siendo entonces fundamental para la década del bicentenario. A mediados del año pasado se anunció un grupo de trabajo que estaría formulando una propuesta de política de educación superior y técnico productiva que sería, en todo caso, un paraguas que consolidaría lo ya avanzado con la reforma universitaria. Pues resulta siendo crucial para la generación del bicentenario, aquella que ya está a la vuelta de la esquina, que se terminen de erradicar todas aquellas universidades estafa y que se amplíen y fortalezcan las alternativas de formación hacia los institutos y los centros de educación técnica.
Finalmente, pueden servir como línea de base, pero los estándares de la OCDE son bastante limitados, por no decir deshumanizados. Se enfocan en la producción de fuerza laboral estandarizada que se integre la economía del país y el mundo globalizado. Es por ello que debemos de ampliar nuestro ideal de ciudadano. La educación básica y superior tiene el gran reto de formar al ciudadano bicentenario, con capacidad crítica, que pueda deconstruir los paradigmas actuales y que construya nuevos modelos, con valores republicanos que erradiquen los privilegios y establezcan una sociedad más igualitaria.