El reto del saneamiento rural en el Perú
05/11/2019
El Estado ha venido haciendo esfuerzos por ampliar y mejorar los servicios de saneamiento rural. Sin embargo, el modelo orientado al cierre de brechas de acceso ha generado cierto crecimiento en el número de conexiones, pero ha descuidado la calidad y la sostenibilidad. Y son los servicios de calidad y sostenibles, acompañados de prácticas adecuadas de higiene, los que reducen la prevalencia de enfermedades diarreicas, parasitarias y enfermedades transmitidas por vectores, generando impacto positivo en la población.
Una mirada retrospectiva
Desde la promulgación de la Ley de Saneamiento Básico Rural, en 1962, el Gobierno Peruano, apoyado por la cooperación internacional, ha puesto en marcha programas e intervenciones orientados a dotar de servicios de agua potable y de disposición de excretas a las comunidades del ámbito rural. Entre estos se puede mencionar: DISABAR, PRONASAR, Amazonía Rural, ROMAS–DIT, SABA, SANBASUR, Agua Más, entre otros.
En enero de 2012, se creó el Programa Nacional de Saneamiento Rural – PNSR, considerando el enfoque de presupuesto por resultados, lo que constituyó un avance significativo en el abordaje de la problemática al estructurar e integrar las acciones dentro de una lógica causal y definir responsabilidades y mecanismos de articulación territorial en los tres niveles de gobierno, con el objetivo de lograr servicios de calidad y sostenibles.
La problemática
A pesar de los esfuerzos, de acuerdo con ENAPRES 2018, aún el 26% de la población rural carece de servicio de agua potable y el 71% de servicios de disposición de excretas, siendo las brechas mucho mayores que las del ámbito urbano (8.0% y 12.8% respectivamente). Asimismo, el porcentaje de hogares rurales con agua segura (cloro residual libre > 0.5 mg/l) alcanza solamente el 2.6%.
Además de lo anterior, hay debilidades institucionales. Las instancias fundamentales en la articulación territorial no tienen presencia efectiva en el territorio y, en muchos casos, no tienen las capacidades requeridas para el cumplimiento de sus responsabilidades.
En efecto, hay un déficit de asignación de recursos por los Gobierno Regionales a las Direcciones Regionales de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y se requiere un mayor involucramiento y compromiso en el logro de las metas. Los programas de incentivos generan impacto, pero no permanente.
Y en cuanto a las Áreas Técnicas Municipales, se observa asimetría entre los recursos y capacidades disponibles y los que se requiere para la capacitación y supervisión. Y esto se agrava con la discontinuidad del personal y la baja prioridad asignada al tema por los Alcaldes, salvo temporalmente por los programas de incentivos. No obstante, los recursos recibidos en el marco de éstos no se dirigen en proporción significativa a las ATM o a los servicios.
Por otro lado, las JASS, responsables directas de la prestación, presentan un fuerte déficit de capacidades operativas y de gestión. Según la base de datos DATASS del MVCS, la cloración se hace solo en el 47% de los sistemas y el 75% de los sistemas se encuentra en estado regular o colapsado. Y, en muchos casos, infraestructura nueva queda inoperativa en periodos muy cortos de tiempo debido a malas prácticas y a la falta de mantenimiento.
Uno de los aspectos cruciales es el desequilibrio económico en la prestación. Según DATASS, el 30% de los prestadores no cobra cuota familiar. Además, existe una importante brecha entre la cuota familiar promedio y la cuota requerida para una adecuada prestación. Esta brecha llega a ser de 1 a 5 en los sistemas con bombeo y tratamiento.
El desequilibrio financiero merece ser analizado con detalle y desde una perspectiva integral. Por un lado, se requiere actividades efectivas de incremento de valoración y de educación sanitaria para incrementar la disposición a pagar. Por otro lado, se debe efectuar estudios de capacidad de pago y evaluar, en casos especiales, la pertinencia de esquemas de financiamiento complementario temporal por incentivos (asociados a cloración, designación de operador certificado, mantenimiento de los sistemas y recaudación) y adecuadamente focalizados. Estos sistemas deficitarios deben alcanzar en el futuro sostenibilidad vía su conexión con proyectos o programas productivos, servicios ecosistémicos y programas de reducción de vulnerabilidad.
Sin embargo, previamente, tiene que reestructurarse todo el esquema institucional y operativo, requiriéndose mejorar estructuralmente las capacidades técnicas y de gestión fundamentales y los mecanismos de asistencia y soporte a los prestadores.
Perspectivas
El Estado ha lanzado la estrategia de cloración, con un programa piloto en tres regiones, y ha iniciado un proceso de revisión del Programa Nacional de Saneamiento Rural, dentro del marco de los nuevos Programas Orientados a Resultados (PPoR), que implican una visión multisectorial e intergubernamental.
Elprimer paso para lograr el objetivo es cambiar el enfoque de un modelo orientado a proveer infraestructura a un modelo orientado a la prestación. El PIM 2019 para inversiones en Saneamiento Rural es de 3,339 millones de soles. Difícilmente la ejecución de estos recursos este año superará el 50% y sabemos que es lo que pasará con la mayoría de sistemas que se instalen. Una pequeña parte de los recursos no ejecutados podría ayudar a asegurar sostenibilidad. Pero antes hay que restructurar el esquema, y cada entidad debe hacer su parte.