24/08/2019

Por Sergio Tejada

Al momento de escribir estas líneas no es posible saber con certeza si se producirá el adelanto de elecciones propuesto por el Presidente Martín Vizcarra. Es un momento de incertidumbre. El Presidente podría insistir en su proyecto mediante una cuestión de confianza o podría ser vacado. Más allá de los intereses en juego y de las consecuencias que cualquier desenlace podría traer, esta situación pone sobre el tapete las características de nuestro diseño constitucional y debería abrir un debate sobre su idoneidad, pues todo es susceptible a cambios y ad portas del Bicentenario vendría bien repensar el país y la forma en que está organizado el Estado.

El diseño constitucional peruano está pensado para un contexto en el que el Presidente de la República cuenta con mayoría ―propia o fruto de una coalición― en el Parlamento. La simultaneidad de la elección de ambos poderes del Estado, hace más probable que el número de parlamentarios de un partido coincida (o dependa) de la votación obtenida por su candidato a la presidencia. Siguiendo los criterios establecidos por Giovanni Sartori, en el Perú tendríamos un sistema presidencialista en la medida en que el Presidente es electo popularmente y encabeza o dirige de alguna forma el gobierno que designa. No existe el poder dual que hay en los sistemas parlamentarios, pues el jefe de Estado es también jefe de gobierno. El hecho de que la Constitución establezca ciertos contrapesos (como la censura a ministros o la posibilidad de vacancia y cierre del Congreso) y que exista la figura del “primer ministro” (en realidad, Presidente del Consejo de Ministros, designado por el Presidente), no hace a nuestro diseño semi-presidencialista o parlamentario. Para Sartori, estas características solo harían “anómalo” a nuestro sistema presidencialista. Por consideraciones similares, Francisco Eguiguren lo llamó presidencialismo “atenuado” o “híbrido”.

«El entrampamiento en el que nos encontramos ahora podría resolverse con una nueva elección general, pero no parece haber salida al empate catastrófico».

El presidencialismo está muy arraigado en nuestra tradición republicana, en la que ha primado el caudillismo y, en ocasiones, el populismo. No  ofrece salidas rápidas y de bajo impacto a ciertas crisis políticas. En un sistema parlamentario, una desavenencia prolongada entre poderes puede llevar a la elección de un nuevo primer ministro sin generar una crisis total del régimen. La renuncia de PPK no puede ser equiparable pues, en estricto, continuó el mismo Ejecutivo elegido democráticamente, y, de hecho, las desavenencias se profundizaron.

El funcionamiento de nuestro diseño constitucional depende de las correlaciones de fuerzas políticas que se fijan (aunque puedan variar en el tiempo) al momento de la elección simultánea de Ejecutivo y Legislativo. En nuestra historia reciente ha habido formación de coaliciones, compra de congresistas (transfuguismo), recomposición de grupos parlamentarios, pérdida de mayorías, etc. El entrampamiento en el que nos encontramos ahora podría resolverse con una nueva elección general, pero no parece haber salida al empate catastrófico: el Presidente no tiene los votos para aprobar el adelanto de elecciones y la mayoría parlamentaria no termina de conseguirlos para una vacancia. La primera opción llevaría a una nueva correlación política (incierta) y reforzaría el liderazgo a futuro de un político que, ante la opinión pública, muestra desprendimiento y sacrificio en aras de la gobernabilidad; la segunda constituiría una victoria pírrica de un parlamento desprestigiado, que solo prolongaría un año su agonía y el salvavidas llamado “inmunidad”, al que muchos se sujetan tenazmente para no responder ante la justicia. ¿Será momento de repensar nuestro diseño constitucional?