10/08/2019

Por Sergio Tejada

Las nuevas revelaciones de los directivos de la empresa Odebrecht, sobre pagos ilegales asociados al proyecto Gasoducto del Sur, abren una serie de interrogantes. Recordemos, primero, que la empresa había negado reiteradamente haber pagado sobornos para ganar esta concesión. Sin embargo, investigaciones parlamentarias y fiscales habían mostrado una serie de indicios en un sentido contrario.

Entre los aspectos que generaban dudas, estaba el incremento de los costos del proyecto. El “Gasoducto Andino del Sur”, iniciativa privada presentada por la empresa Kuntur en 2008, tuvo un presupuesto de 1,300 millones de dólares. Ollanta Humala cuestionó esta iniciativa. Uno de los argumentos del gobierno fue que el proyecto se basaba en estudios muy preliminares, lo cual daría pie a múltiples adendas y adicionales de obra. Humala propuso entonces un nuevo proyecto, el “Gasoducto Sur Peruano”, pero esta vez con un costo mayor a los 7 mil millones. Es cierto que se trataba de proyectos distintos, el último más ambicioso, con dos ductos, con un mayor alcance territorial, pero la diferencia presupuestal despertaba sospechas.

En ambos casos el consorcio ganador fue Odebrecht. En el primer caso porque compraron Kuntur (“el gobierno [de García] nos incentivó a comprar la concesión”, reveló Marcelo Odebrecht), y en el segundo caso porque ganaron una licitación frente a GDF Suez, que fue descalificada por problemas con un cambio de último momento en su accionariado. Para la Contraloría esta decisión de ProInversión fue irregular, pero en julio de 2019 el Poder Judicial desestimó la demanda de la empresa.

«El Gasoducto no estuvo incluido en el Acuerdo de Colaboración, pero, como señalamos en un artículo anterior, éste no es una camisa de fuerza y permite explorar otros casos».

El Gasoducto no estuvo incluido en el Acuerdo de Colaboración, pero, como señalamos en un artículo anterior, éste no es una camisa de fuerza y permite explorar otros casos. Recientemente, una serie de documentos brindados por Odebrecht a la fiscalía, han mostrado que sí hubo pagos ilícitos asociados a este megaproyecto. No obstante, hasta ahora los “Codinomes” parecen revelar solo acuerdos entre privados: contratos para información de  inteligencia (Constantino Galarza, alias “Gaza”), espionaje industrial (Johnny Brignardello, alias “French”), generación de corriente de opinión favorable (Víctor Andrés Ponce y Arturo Valverde, alias “Magento”, y Juan Carlos Valdivia y Rafael Hidalgo, alias “plim plim”), y opiniones legales favorables (Luis Pizarro, identificado como “disco” y “princesa”). Si bien hay una decisión cuestionable de ProInversión, no hay un dato claro de que la empresa haya pagado a políticos o funcionarios. Sin embargo, estos acuerdos privados eran cubiertos con la caja 2, es decir, con la caja destinada a pagos ilegales. ¿Cuál era el motivo para esto, evadir impuestos, ocultar algún servicio profesional?

Una de las particularidades (y novedades) de este proyecto, es que en el contrato se incluyó una “Cláusula anticorrupción” que establecía, en síntesis, que si se identificaba algún acto de corrupción, el Estado estaba facultado a resolver el contrato, con todas las pérdidas que eso supondría para el concesionario. La propuesta de incorporar la cláusula anticorrupción en los contratos ha ido ganando adeptos en la administración pública. En mayo de 2019, el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó los lineamientos para el diseño de contratos de Asociación Público Privada, en el que se estableció que los contratos que no contengan dicha cláusula serían nulos. ¿Será que esta herramienta ha funcionado? Hasta ahora lo revelado por Odebrecht podría calificar como corrupción privada, pero ésta recién ha sido tipificada en nuestro código penal a partir del Decreto Legislativo 1385. Como la ley no es retroactiva, no sería aplicable al caso de Gasoducto.

Si bien el contrato ha sido anulado (sin activar la cláusula anticorrupción), Odebrecht y las empresas que integraron el consorcio, aún tienen expectativas de recuperar dinero. Han iniciado procedimientos de reclamo en Luxemburgo y ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Además, según Odebrecht, supuestas negligencias del Estado le habrían generado una pérdida enorme del valor de sus activos. Hay fuertes motivos para ocultar información, pero también hay un alto riesgo en mentir. Las investigaciones en torno al Gasoducto serán fundamentales para determinar si la Cláusula Anticorrupción funcionó (o no) y qué otras medidas se podrían implementar en el futuro para fomentar las buenas prácticas empresariales y la integridad pública.