09/08/2019

Por: Morgan Quero

Un nuevo fenómeno se apodera de nuestra polis: la parlamentarización. Atrapados por el fantasma del gran dictador, como riesgo y tentación, hemos olvidado su contraparte: la deriva parlamentaria. Éste no es otro que el reino de los intereses narcisistas, las ideologías de todo cuño y los combates del ego de una minoría de políticos que se alejan de la sociedad, rápidos y furiosos.

Se trata de un fenómeno señalado hace ya varios años y cuyos efectos se ven plasmados en los juicios políticos de impeachment en varios países de nuestra región: de Honduras a Paraguay, pasando por Brasil y Ecuador. Más allá de las causas de los juicios políticos a los Presidentes desde los años ’90, la parlamentarización se instala como una forma de hacer política. Una manera de enfrentar los problemas buscando el protagonismo y la gestión de intereses sin ver el largo plazo.

En el Perú, los intentos de vacancia del Presidente Kuczynski terminaron con su renuncia en marzo del 2018. Fue claro, desde el incio del gobierno en 2016, que la tensión entre el ejecutivo y el legislativo no podría resolverse más que a través del mecanismo constitucional de la cuestión de confianza, con el objeto de convocar a nuevas elecciones congresales. Lamentablemente, las virtudes republicanas del diseño semipresidencial peruano, en donde el presidente del Consejo de Ministros debe pedir al Congreso la cuestión de confianza cuando presenta su política general de gobierno o las interpelaciones a los Ministros, se convierten en las formas de presión que nos muestran a un parlamento empoderado y amenazante cuando su mayoría no coincide con la del Presidente en turno. La amenaza de vacancia se terminó imponiendo como el embrague para dar un jaque mate; no sólo al gobierno, sino al sistema democrático en su conjunto. Así, un inciso establecido en la Constitución como válvula de seguridad, en caso de acto límite de un Presidente en funciones, se convirtió en la llave maestra de un una hegemonía no prevista en la Constitución: la del parlamentarismo.

Contrario sensu, la tentación autoritaria parecía ser la única razón para disolver al Parlamento, y se volvía el argumento de defensa democrática… Esta perversa dinámica política derivó en la actual coyuntura en donde, in extremis, el Presidente toma la decisión de proponer la reforma constitucional para el adelanto de las elecciones generales! Aunque la decisión es valiente porque acepta recortar su tiempo de gobierno, la coyuntura se lleva por las patas no sólo los magros intentos de reforma política, sino la posibilidad de entrar al próximo quinquenio del bicentenario estrenando nuevos actores políticos, capaces de influir de manera virtuosa en la dinámica institucional y en la relación entre poderes.

«La crisis política del Perú es hoy más profunda de lo que observamos. No incluye sólo los temas de corrupción derivados del caso Lava Jato, sino que deja al descubierto la disfuncionalidad del sistema político y de sus instituciones».

Por ello, es importante habitar el impulso de la parlamentarización de la vida política y seguir pensando las reformas políticas que el país requiere. Por ello se plantea:

– Proponer la bicameralidad para contar con un Senado que fortalezca el proceso de regionalización.

– Impulsar el financiamiento público a los partidos políticos

– Incentivar la presencia nacional de los partidos y la plena participación de la mujer en las organizaciones políticas

– Redefinir las condiciones y formas de la inmunidad parlamentaria y de su levantamiento

– Fortalecer los mecanismos de supervisión, auditoría y rendición de cuentas horizontal del gobierno nacional, regional y municipal

– Delimitar el tiempo y forma los objetivos de las comisiones investigadoras del Congreso

– Abrir un debate sobre la pertinencia, condiciones y reglas de una reelección inmediata para todos los cargos públicos

– Acortar los mandatos de todos los cargos de elección a 4 años

La crisis política del Perú es hoy más profunda de lo que observamos. No incluye sólo los temas de corrupción derivados del caso Lava Jato, sino que deja al descubierto la disfuncionalidad del sistema político y de sus instituciones. Ni los partidos, ni los actores, ni las instituciones han tenido los reflejos para desarrollar con rapidez las reformas necesarias. Salvo algunos casos desde la fiscalía y el poder judicial, así como las detenciones de expresidentes y políticos, no estamos ante la construcción de un nuevo escenario. En ese contexto, los reflejos del Presidente Vizcarra van en un sentido de reforma positiva, pero es necesario concretar alguna, antes de que sea demasiado tarde. En todo caso, el compromiso democrático de todos los actores debe ser refrendado en un contexto de extrema fragilidad frente a una crisis que amenaza con dejarnos sin aliento.